Diversos colectivos, organizaciones y centros de derechos humanos denunciaron que los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México realizan desde hace varios días múltiples acciones de ‘‘hostigamiento, persecución y limpieza social’’ en contra de las poblaciones en situación de calle que están en las rutas que seguirá el papa Francisco en su próxima visita.

Exigieron al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, frenar estas acciones, pues representan violaciones graves de derechos humanos de una población que por su propia condición ya es sumamente vulnerable.

En un pronunciamiento conjunto, señalan que la ‘‘limpieza social’’ es una grave violación a los derechos humanos que agudiza la condición de indefensión de las poblaciones callejeras, quienes enfrentan estigma, discriminación y violencia ante las omisiones del Estado mexicano que carece de políticas públicas y marcos normativos para la restitución de sus derechos humanos que permitan su inclusión social.

Discapacitados y ancianos

Juan Martín Pérez, de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, señaló que como ha ocurrido en otros momentos, la visita de un pontífice se ha convertido en un pretexto para el retiro forzado de niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, familias, personas con discapacidad y de la tercera edad, que integran poblaciones callejeras en estas dos entidades.

En tanto, Luis Enrique Hernández, de El Caracol, organización que desde hace 22 años trabaja con poblaciones en situación de calle, informó que desde hace dos días los 27 grupos que tienen registrados en su mapa de población de calle en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, el aeropuerto capitalino y de Paseo de la Reforma, ya fueron retirados obligadamente, o en el mejor de los casos reubicados varias cuadras alejadas de las calles principales que forman la ruta papal.

Además, en el pronunciamiento, suscrito también por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las organizaciones instan mejor a los gobiernos locales y federal a desarrollar un marco normativo y políticas públicas que restituyan los derechos humanos de las poblaciones callejeras.