Tras conocer los hechos ocurridos en el penal de Topo Chico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió atraer el caso y enviar un grupo de visitadores adjuntos y peritos para investigar la riña que culminó con la muerte de decenas de personas y más de 10 heridas que ameritaron hospitalización. Además, condenó la violencia y anunció que apoyará a las víctimas y a sus familiares.

Al informar sobre estas decisiones, la CNDH señaló que los hechos ocurridos en el penal de Topo Chico pudieran generar precedentes negativos en la tutela de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

El organismo demandó la aplicación de medidas cautelares con la finalidad de que se brinde atención médica a los heridos, se dé total apoyo a los deudos de las personas fallecidas y como atención médica y sicológica, así como orientación jurídica, y que se verifiquen las condiciones de hacinamiento, control y seguridad en el penal.

El personal de la CNDH que se trasladó a la cárcel de Topo Chico es encabezado por Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general, que tiene como tarea obtener información sobre lo acontecido, conocer el estado de salud de los heridos y sus testimonios, recabar documentos oficiales y allegarse indicios de prueba que permitan establecer la verdad de los hechos.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico obtuvo una calificación promedio de 5.72, en una escala en que la más alta calificación es 10.

Para los aspectos que garantizan la integridad física y moral de interno, obtuvo 4.74; en los referidos a garantizar una estancia digna, 5.34; en condiciones de gobernabilidad, 4.44; reinserción social del interno, 6.25, y en atención a grupos de reos con requerimientos específicos, 7.85.

En este caso, la intervención de la CNDH se dio con base en distintas notas informativas en que se destacó la gravedad de lo sucedido, así como en peticiones de familiares de internos y vecinos del lugar.