La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que preside el sacerdote Alejando Solalinde, recibió información que podría llevar al paradero de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no ha indagado sobre esos indicios, aunque ya fue notificada, informó ayer el religioso.

A ocho años de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), familiares e integrantes de las comisiones de la Verdad y Civil de Seguimiento y Búsqueda exigieron al Estado el cumplimiento de una resolución judicial que ordena la búsqueda en instalaciones militares, la cual sentaría un precedente para otros casos, como el de Ayotzinapa.

En noviembre pasado, la Comisión de la Verdad recibió un correo electrónico del EPR en el que indicaba cinco lugares, en Oaxaca, donde podrían estar los cuerpos de maestros asesinados en el conflicto magisterial de 2006, así como el de los dos activistas. En enero de este año se ofreció a la Seido como una prueba, pero hasta ahora no ha ordenado la exhumación, explicó el abogado Sandino Rivero.

En mi calidad de presidente de la comisión solicité la custodia de esos lugares, indicó Solalinde. Lamentó que, en cambio, los funcionarios de la subprocuraduría perdieron la información que los activistas les proporcionaron. La averiguación también se ha nutrido de testimonios de quienes lograron vencer el miedo y han aportado datos, añadió.

No existe voluntad política para dar con su paradero, sostuvo Gilberto López y Rivas, de la comisión de seguimiento. Pero sí una cerrazón del gobierno para dar cumplimiento con la sentencia judicial que emitió en 2014 un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, apuntó. Dicha resolución –la 29/2014– ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional abrir sus cuarteles militares para realizar ahí las pesquisas necesarias.

El tribunal mandató que se realicen exhumaciones en cuarteles y la comparecencia de funcionarios civiles y militares, detalló el abogado Sandino.