Diputados locales cuestionaron ayer la reserva que por seis años y nueve meses hizo la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) de la información relacionada con el contrato que firmó con la empresa Autotraffic para la imposición de las fotomultas, y aseguraron que no les convencen los argumentos esgrimidos por esa dependencia, sobre todo el referido a que hacer públicos esos datos podría implicar que sean vulnerados, intervenidos, manipulados y susceptible de ataques o alteración en su correcto funcionamiento a través de hackeo, en beneficio de los transgresores de la ley.

Entrevistados por separado, los legisladores José Encarnación Alfaro, del PRI; Carlos Candelaria, del Partido Encuentro Social; Felipe de la Cruz, de Morena; Víctor Hugo Romo, del PRD, y Andrés Atayde, del PAN, se manifestaron en favor de que haya mayor transparencia en cuanto a los documentos relacionados con ese contrato, pues de lo contrario sólo enviaría el mensaje de que se trata de ocultar información que debe ser pública.

Sobre el tema, David Mondragón, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, dijo que este organismo revisará a detalle la reserva que por seis años y nueve meses hizo la SSP. Aañadió que de no estar bien sustentada, se echará abajo deberá hacer públicos todos los anexos de dicho contrato.