En el país hay al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua, que atentan contra el equilibrio ecológico y el tejido social, afirmó Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Explicó que sólo en año y medio ese número creció drásticamente, pues había documentado 280 y la cifra se elevó 50 por ciento. Manifestó que las afectadas son, principalmente, comunidades indígenas. La mayoría de los casos se presentan en Oaxaca y Chihuahua, y la resistencia ha pasado de ser local a regional.

Autor del libro Ecocidio en México, Toledo indicó en entrevista que el texto presenta una síntesis de la destrucción ecológica del país, basado en la ecología política que sustenta su crítica del mundo actual sobre la tesis de que en el planeta hay dos mecanismos de explotación: el trabajo y la naturaleza, y el trabajo de los seres humanos.

Ello se plasma en el cúmulo de la depreciación de la naturaleza, que tiene su expresión final en el cambio climático, señal mayor de que el planeta tiene fiebre. Como en el ser humano, el aumento de la temperatura indica que hay enfermedad, crisis, anomalías.

Por otro lado está la desigualdad social. Existe suficiente información de que cada vez hay mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Ello tiene que ver con que vivimos una fase de capitalismo corporativo, hay monopolios jamás imaginados.

Expresó que la crisis en México se manifiesta en el gran número de conflictos socioambientales, de los cuales 120 corresponden a minería, 80 son del sector energético y 75 relacionados con el agua.

Destacó que en dichos conflictos existe resistencia ciudadana. Buena parte de éstos, apuntó el especialista, se encuentran en territorio indígena.

Ejemplo de ello es el de los yaquis, en Sonora, por la construcción del acueducto Independencia, así como los eólicos de Oaxaca y por la soya en Yucatán.

Agregó que una constante es que los gobiernos están del lado de las empresas. Es casi regla. Ejemplo de eso es la acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico, proceso jurídico en el que las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura presentaron amparos contra la decisión judicial que determinó suspender la entrega de permisos.