l Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha participado desde el 4 de octubre de 2014 en la investigación de la atrocidad policial perpetrada el 26 de septiembre de ese año contra normalistas en Iguala, presentó ayer un dictamen sobre la verdad oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron capturados y desaparecidos por efectivos policiales habrían sido posteriormente ejecutados e incinerados por elementos de la delincuencia organizada en el basurero municipal de Cocula.

Con base en los numerosos peritajes efectuados por sus integrantes –a pedido de los padres de los muchachos desaparecidos–, el EAAF determinó, en el documento dado a conocer ayer, que el examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperada en el basurero de Cocula, y la información adicional reunida, no respaldan la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos.

Asimismo, el organismo internacional sostiene que no hay fundamento para afirmar que los elementos óseos recuperados de ese sitio pertenezcan a alguno de los muchachos ausentes, ni siquiera en el caso de Alexander Mora Venancio, el único de los 43 de quien se ha encontrado ADN, habida cuenta de que el fragmento óseo correspondiente fue localizado, según la Procuraduría General de la República (PGR), en el río San Juan y no en el basurero. El dictamen señala que tampoco hay elementos para afirmar que los restos que la PGR dijo haber extraído de esa vía fluvial tengan relación con los encontrados en el tiradero donde, según el ex procurador Jesús Murillo Karam, habrían sido asesinados y calcinados los desaparecidos.

Es pertinente recordar que desde noviembre de 2014, cuando Murillo dio a conocer por primera vez la historia del basurero y la pira funeraria, elevada a principios del año siguiente al rango de verdad histórica, diversos investigadores nacionales y extranjeros aportaron numerosos análisis, estudios, pruebas y datos sueltos que desmentían la veracidad de la explicación oficial. El 6 de septiembre del año pasado el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula; las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio.

El dictamen del EAAF constituye, en suma, la ratificación de que la verdad histórica presentada por Murillo Karam, y a la que aún se aferra el gobierno federal, es del todo insostenible. Peor aún, las contundentes desacreditaciones técnicas y científicas de esa construcción de la PGR reafirman que esa institución cometió irregularidades graves –notoria fabricación de pruebas y de culpables y posible encubrimiento de los verdaderos responsables, por ejemplo– en el curso de la investigación. En este punto, el gobierno federal ya no tiene margen de complacencia para con los responsables de semejantes desvíos y simulaciones de procuración de justicia.

Pero tampoco hay margen ya para seguir eludiendo las recomendaciones de las instancias internacionales y las exigencias de los padres de los muchachos ausentes. La opacidad, la impunidad y la incoherencia con que las esferas oficiales han abordado desde un principio la atrocidad de Iguala han propiciado la comisión de crímenes semejantes, como –por nombrar sólo el más reciente– la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Es momento de actuar a fondo, abandonar coartadas y tapujos institucionales y empeñar las plenas capacidades del Estado en el esclarecimiento verdadero del destino de los 43 muchachos de Ayotzinapa y de miles de mexicanos anónimos que se encuentran desaparecidos.