En los pasados 12 años en México han desaparecido cuando menos 23 periodistas, tres de ellos mujeres. En todos estos casos hay indicios sobre la probable participación o tolerancia de autoridades de diversos niveles, incluyendo militares, señala un informe de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.

En todos los casos, dice, los comunicadores desaparecidos realizaban trabajos periodísticos e investigaciones sobre temas de corrupción, impunidad, delincuencia organizada y narcotráfico, así como de vínculos del crimen con funcionarios públicos.

Veracruz, Tamaulipas y Michoacán concentran 15 de las 23 desapariciones, es decir, cerca de 65 por ciento de los casos. En tanto, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco tienen entre uno y dos casos por entidad.

El informe, presentado por miembros de Artículo 19, pero también por familiares de periodistas desaparecidos, indica que las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión en el país son un grupo en situación de vulnerabilidad respecto al fenómeno generalizado de desaparición forzada.

Además, advierte que existe un patrón donde se confirman las deficiencias en el tratamiento de los casos por las autoridades, en los que se ignoran u ocultan de manera sistemática los nexos causales entre las actividad periodística y el papel de las autoridades y de particulares en estas desapariciones. Sostenemos que la mayoría de las desapariciones son forzadas en tanto no se descarte este supuesto en las investigaciones, menciona el informe.

Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, pidió que el gobierno mexicano deje de sentirse agredido cuando se presentan este tipo de informes, y mejor investigue y sancione este tipo de prácticas que ya varios organismos internacionales de derechos humanos han denunciado, preferentemente en algunas zonas del país.

El reporte de Artículo 19 advierte que el nivel de gravedad de las desapariciones de periodistas en México deriva en tres aspectos muy alarmantes entre sí: la impunidad en la totalidad de los casos; el pleno desconocimiento de su paradero por deficiencias en el proceso de búsqueda, localización e identificación, y que las autoridades de justicia desestiman casi siempre las causales con la actividad periodística de las víctimas.