l Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio ayer la puntilla a la infame versión construida por el entonces procurador federal de justicia (¿?), Jesús Murillo Karam, respecto de la presunta fase final de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. Ni la fantasía ígnea en un basurero de Cocula ni el supuesto hallazgo de cenizas en un río cercano soportaron el análisis técnico del citado EAAF, como tampoco habían pasado la aduana científica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (en este caso, con la ayuda de un perito en incendios).

La convergencia de opiniones radicalmente descalificatorias de la verdad histórica, más la significativa oposición del gobierno federal (de la Sedena, concretamente) a que el GIEI entreviste abiertamente a unos dieciséis miembros del Ejército que conocieron de los hechos de Iguala, han colocado al gobierno peñista (cuya evolución narrativa va del cadáver de la niña Paulette, encontrado en su propio colchón, a las criminales invenciones de Murillo Karam) en una situación de terrible descrédito internacional y nacional. Muchos ciudadanos se niegan a otorgar credibilidad y confianza a un grupo político que desde el poder ha fabricado, en diversos casos críticos, múltiples coartadas que ofenden a la inteligencia y generan rechazo multiplicado.

En el Veracruz que en teoría gobierna Javier Duarte de Ochoa (#JavierMuerte, le han etiquetado en redes sociales), según versión oficial han aparecido los cuerpos de dos de los cinco jóvenes secuestrados por policías estatales en Tierra Blanca el pasado 11 de enero. En un Astillero cercano a la fecha se relató lo acontecido (http://goo.gl/HrAkQO), con algunas palabras dichas al teléfono por Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los desaparecidos (según las autoridades, ya habrían encontrado restos de él), con tal crudeza y dolor que todos los días, desde entonces, este tecleador ha pensado en él, en los muchos padres en todo el país que pierden a sus hijos en el mar de salvaje criminalidad arropada y conducida por las mismas fuerzas institucionales que deberían proteger a la población (en el rancho de horror, en Tlalixcoyan, donde encontraron los restos del joven Bernardo, habría entre unas 300 y 400 personas más).

En ese caso de Tierra Blanca (aunque la tierra de los jóvenes es el municipio de Playa Vicente), como en otros en Veracruz, como en otros en el plano federal (como los 43), los montajes históricos respecto de casos delicados muestran un patrón de conducta de los gobiernos que consiste en tratar de controlar la información, dosificar datos e indicios, filtrar infundios para descalificar, aprehender a presuntos responsables (que pueden ser chivos expiatorios o verdaderos partícipes materiales, pero no intelectuales), instalar la percepción de que hay intensas búsquedas y retórica comprometida, hasta develar parte de lo sucedido cuando en las alturas se cree que ya ha madurado la postura de las autoridades y que el dramatismo de los hechos puede ser contrarrestado con la propaganda gubernamental solidaria.

Como contrapunto de esa tendencia dosificadora, el cadáver de la reportera Anabel Flores Salazar apareció con inusual rapidez, a un día de que un comando armado, con ropas de tipo militar, la había secuestrado de su casa en el municipio veracruzano de Mariano Escobedo. La Fiscalía General del Estado se había apresurado a mencionar que Flores estaba en agosto de 2014 con un presunto narcotraficante que fue detenido. Dos diarios locales en los que había colaborado se deslindaron de ella ayer mismo en sus páginas.

La línea aérea Volaris mantuvo en tierra durante más de siete horas (en la madrugada de este martes) a decenas de pasajeros de un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México sin proporcionar información precisa de la causa de la posposición (que no cancelación oficial) de ese servicio ni de las medidas a tomar respecto de los pasajeros, escamoteando la posibilidad de pagar hospedajes o alimentos a los usuarios varados.

La hora de salida estaba fijada a las 23:10 de este lunes pasado. En cierto momento comenzó el ingreso de un segmento de pasajeros al avión, que luego fueron regresados a la sala de espera. El vuelo quedaba tentativamente cancelado, en medio de protestas airadas ante las cuales unos empleados sin capacidad de decisión apenas alcanzaban a repetir que no sabían mayor cosa. Esa escena se repitió a lo largo de más de una hora, con airados pasajeros presionando en busca de saber qué debían hacer, frente a dependientes de Volaris aferrados a falsas explicaciones insustanciales. Todo se centró en que la plataforma de despegue había sido cerrada para labores de mantenimiento a cierta hora y, por tanto, se pasaba el vuelo para las 5:30 (finalmente, salió una hora después). A los pocos que se decidieron a recomponer su agenda en la madrugada les devolvieron el dinero o les reprogramaron las salidas.

El incidente forma parte de una serie de irregularidades en los servicios aéreos, ante las cuales la Procuraduría Federal del Consumidor y las autoridades de aeronáutica, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nada hacen que signifique una solución de fondo. Se ha convertido ya en una rutina el retraso de los vuelos y el sometimiento de los pasajeros a las directrices torpes de los operadores de las líneas, cuando están disponibles. En particular es llamativa la constante producción de incidentes en el aeropuerto de la capital del país, que afectan salidas y arribos de vuelos y exacerban en los usuarios la irritación que deviene en conveniente convicción de que es urgente la construcción de alternativas como la que ya se planea como uno de los grandes negocios del sexenio. Aparte de esa incidencia negativa en el principal aeropuerto del país, en otros suceden incidentes que en el fondo van creando condiciones para abrir los cielos mexicanos a la competencia, sobre todo a compañías extranjeras. ¡Hasta mañana!

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