Reflejo de una crisis de derechos humanos, en México se tienen documentadas, cuando menos, 4 mil 55 denuncias por tortura, entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2014. En mil 273 casos están señalados elementos militares. Pero las averiguaciones previas sólo rebasan el millar, con 11 consignaciones ante el juez y seis sentenciados en un periodo de ocho años.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Cmdpdh), como resultado de cruces de información y múltiples solicitudes de averiguaciones por transparencia, indica que en este mismo lapso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 79 recomendaciones a diversas instituciones de seguridad pública, federal y estatal, con 104 expedientes por este delito.

Para José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Cmdfpdh, lo real es que no hay cifras oficiales confiables ni ciertas sobre el número de personas torturadas en México, pero las estimaciones advierten que hay un enorme subregistro, a tal grado que hicieron declarar al Relator Especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, que la tortura y los malos tratos son una práctica generalizada en el país.

La impunidad, enorme

Sin embargo, Guevara advierte que este subregistro contrasta con el número tan reducido de consignaciones y sentenciados. Apenas seis en ocho años. Es decir, comentó, México es un país de torturados, pero donde contradictoriamente no hay torturadores. La impunidad es enorme.

La tarea de los datos recolectados por la Cmdpdh durante varios meses no ha sido fácil. Hay gran dispersión de datos y no todas las procuradurías estatales tienen o proporcionan la información, además de que en otros rubros, como el de sentenciados o en proceso, se debe recurrir al Poder Judicial, instancia que tampoco tiene registro de esos datos.

Basada en información del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) señaló que entre enero de 2005 y el 30 de junio de 2013 se reportaron 119 inculpados consignados por el delito de tortura en los juzgados de dsitrito a escala nacional.

Sin embargo, de la exploración y análisis de la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que el número de sentenciados por ese delito sólo fue de nueve; en tres de ellos la sentencia no había quedado firme y seguía el proceso judicial.