La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional no tiene facultades para identificar a candidatos a puestos de elección popular involucrados en el crimen organizado; de hacerlo desnaturalizaría su función, que es de control de las dependencias del Ejecutivo federal, se advierte en un estudio realizado por la asesoría jurídica del grupo parlamentario del PRD en el Senado.

La petición de los dirigentes de PAN y PRD de que esa comisión se responsabilice de detectar a candidatos con presuntos nexos con el narcotráfico y otras bandas criminales y lo notifique al Instituto Nacional Electoral (INE) fue discutida y desechada un día antes en el organismo, durante la reunión con los titulares de Gobernación y de la Procuraduría General de la República.

El senador Alejandro Encinas comentó que ambos funcionarios expresaron su desacuerdo con esa petición e insistieron en que es responsabilidad de los partidos tener claro sobre los antecedentes de los ciudadanos a los que nominarán para contender por un cargo de gobierno o de representación en el Congreso.

Expuso que ninguna comisión legislativa, incluida la bicameral de seguridad nacional, puede realizar investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

Además, los partidos son los responsables de revisar, analizar y conocer los antecedentes y comportamiento de sus militantes. Más aun, los partidos políticos deberían establecer en sus estatutos normas donde se establezca con claridad que todos los aspirantes a una candidatura estarán sujetos a que el partido indague ante la autoridad judicial si existe algún proceso o averiguación previa abierta en su contra.

Por separado, el coordinador Miguel Barbosa desta-có que un análisis técnico jurídico que mandó realizar establece que el control que la comisión puede realizar es sobre la actuación de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional, no sobre los miembros de los congresos federal y locales.

De ahí que para que sea viable la demanda de los dirigentes nacionales de PRD y PAN se requiere modificar la Ley de Seguridad Nacional, añadió.

El senador Encinas dijo que la petición de Agustín Basave y Ricardo Anaya se dio en un contexto de acusaciones a legisladores de tener nexos con el narcotráfico, como el caso reciente de la diputada panista Lucero Sánchez, a quien se liga con Joaquín El Chapo Guzmán. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió que no podía intervenir y los legisladores señalamos también que la Comisión Bicameral no tenía facultades para ello.