n grupo de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos con proyección internacional respaldó ayer las pesquisas realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

A decir de los voceros de las organizaciones, el GIEI ha sido objeto de una encarnizada campaña de desprestigio, vinculada a su labor sobre el caso mencionado, la cual refuta científicamente la teoría original del gobierno mexicano de que los restos de los estudiantes fueron quemados en un basurero en Cocula y, en su lugar, propone nuevas líneas de investigación.

Las afirmaciones de los organismos humanitarios se inscriben en el contexto de una intentona por desacreditar a varios de los integrantes del grupo de expertos en lo individual. A manera de ejemplo, cabe recordar las denuncias formuladas desde hace unas semanas por las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz respecto de las calumnias que se han lanzado en su contra por grupos ultraconservadores y medios de comunicación.

Tales acusaciones colisionan con trayectorias intachables y reconocidas por gobiernos de la región y del mundo: debe recordarse que Ángela Buitrago, abogada y fiscal colombiana, adquirió notoriedad internacional tras haber encarcelado a buen número de políticos asociados con los paramilitares y llevado a juicio a varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por el ejército de Colombia, en 1986.

Por su parte, los señalamientos contra Claudia Paz y Paz por violar los derechos humanos no guardan relación alguna con un historial intachable por su desempeño de funcionaria ministerial en Guatemala, donde encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt.

Las difamaciones lanzadas contra éstas y otros integrantes del GIEI denotan un afán insoslayable por desacreditar la labor de ese equipo interdisciplinario en su conjunto.

Hasta ahora no hay indicios que vinculen al gobierno federal con esos ataques, si bien parece evidente que los autores de los mismos tienen un interés particular por apuntalar la cuestionada verdad histórica de la Procuraduría General de la República.

Es mucho más clara la contribución de las autoridades federales en la configuración de un entorno propicio para el surgimiento de las calumnias mencionadas. En efecto, el gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua y, por tanto, improcedente: por un lado ha manifestado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la CIDH –cuya labor se inscribe en el marco de un acuerdo con el gobierno mexicano–, en lo que constituye una aceptación tácita de los múltiples defectos de la investigación oficial sobre Ayotzinapa; por otra parte ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes.

A la luz de estos elementos de juicio, lo menos que se debe esperar del gobierno federal es un respaldo inequívoco y contundente al GIEI y un agotamiento de las líneas de investigación trazadas por éste.

A fin de cuentas, la labor desempeñada por ese equipo de especialistas ha hecho un gran favor a un país como el nuestro, donde la justicia es difusa, errática y tardía para las víctimas y sus familias. Un espaldarazo público al GIEI abonaría a la credibilidad del interés gubernamental en arrojar respuestas verosímiles en torno a los hechos de Iguala.