a actual situación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y mucho más dramática, la de la Autónoma de Morelos (UAEM), ilustran bien la incertidumbre e inestabilidad financiera en que viven las universidades y, por tanto, la enorme dificultad que tienen para fortalecerse y crecer. Y los que pagan las consecuencias en primer término son los jóvenes que no tienen un lugar donde estudiar. Esto es importante porque si en algún lugar del país hay una enorme demanda de espacios adecuados para estudiar, ése es la Ciudad de México. Por eso, si su Constitución quiere ser trascendente y colocarse como un referente democrático y profundamente social y humano para la construcción de futuro en todo el país, un primer tema elemental a incluir es el financiamiento.

La UACM, por ejemplo, nació hace 15 años con la finalidad expresa de ampliar el derecho a la educación de las y los jóvenes de las zonas menos atendidas de la ciudad, pero su presupuesto ha tenido una historia errática: primero de crecimiento (2001-2009), luego de brusca disminución de hasta 13 por ciento de su presupuesto (2010-2013) y, ahora, de incertidumbre. Para 2015, la Asamblea Legislativa le asignó un presupuesto insuficiente, apenas mayor (3.8 por ciento) al del año anterior. Pero, además, el gobierno de la ciudad comunicó que incluía en ese aumento los 150 millones de fondos federales que la SEP le otorga. Algo sorprendente, pues son recursos extraordinarios, y sería razonable esperar que se le entregarían sin reticencia y de manera adicional a lo asignado por la Asamblea precisamente por estar en una ciudad de muy alta demanda estudiantil (la UACM recibe anualmente 14 mil solicitudes de ingreso, pero sólo dispone de poco más de 2 mil lugares). Las protestas, los pronunciamientos y, finalmente, la salida a las calles de la comunidad universitaria lograron que se encontrara una solución que hizo posible que la institución contara con el monto adicional y, lo más importante, consiguió que se firmara un compromiso del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que señalaba que “para el ejercicio fiscal 2016 en adelante…” la institución recibiría la asignación de la Asamblea, independientemente de los recursos que la Federación disponga otorgar a la UACM, lo que significa no considerar a estos últimos como parte de la asignación de la ALDF.

Para 2016, sin embargo, de nuevo el gobierno capitalino ha informado que los 150 millones federales ya están incluidos en los recursos asignados por la Asamblea. De ahí que, desde la UACM, se ha generado una carta de extrañamiento al GDF, un pronunciamiento conjunto de comisiones del Consejo Universitario y rectoría, y la decisión de la Comisión de Planeación (que reúne a todos los coordinadores de planteles, de colegios y de las dependencias universitarias) en apoyo a las acciones de la comunidad para recuperar esos fondos. Reacción comprensible si se tiene en cuenta que ha sido precisamente gracias a los fondos extraordinarios que la UACM ha podido lanzar un ambicioso programa de conclusión de obras pendientes y construcción de nuevos espacios para más estudiantes, incluyendo dos planteles de próxima apertura (Milpa Alta y Magdalena Contreras). Sin estos recursos adicionales no sería posible equipar las nuevas aulas, bibliotecas, laboratorios, ni adquirir los aparatos que en consecuencia se requieren para modernizar y ampliar los servicios, ni el apoyo a la docencia, investigación y difusión que demanda esta expansión en curso. Así, la falta de certeza pone en vilo y amenaza repentinamente con suspender un proceso de ampliación de la matrícula que es indispensable frente a las necesidades de los jóvenes de la ciudad. Además, los números envían un mensaje desalentador para la UACM: en 2015, sumando los fondos federales y los otorgados por la Asamblea, el presupuesto total para esta universidad fue de mil 209 millones; para 2016, ya que se integran los fondos federales como parte de lo asignado por la Asamblea, el total es de mil 209 millones de pesos. Es decir, que si no se entregan los recursos adicionales, a la UACM no se le estaría aumentando un solo centavo de un año a otro. Un complicado mensaje político, una decisión financiera que deja a medias un proyecto de inversión y expansión, y un muy alto costo social que significa el detener el crecimiento de la matrícula.

Está en curso un diálogo con las autoridades del GDF, y hay señales de sensibilidad, pero más de fondo, esta situación muestra por qué es indispensable un cambio. En estos 30 años, las constituciones vigentes han sido incapaces de detener la degradación financiera que sufren universidades y escuelas; si la Constitución de la Ciudad quiere ir más allá de lo que ya tenemos, debe garantizar a la educación un patrimonio básico que no dependa de la volubilidad política de congresos y gobiernos, que garantice estabilidad, certidumbre y crecimiento de la educación, la ciencia y la cultura a mediano y largo plazo. La pronta solución a los universitarios de Morelos y, en un contexto muy distinto, a los de la Ciudad de México, ciertamente será una fuerte señal de voluntad de fortalecer constitucionalmente a la educación mexicana.

* Rector de la UACM