n los tiempos modernos la existencia de las naciones está cimentada en su Constitución, la cual debe proporcionar a cada uno de los ciudadanos las garantías y los derechos necesarios para tener una vida plena en compañía de su familia, donde el Estado garantice libertad y seguridad, al igual que los derechos a la educación, la alimentación y los servicios básicos de salud, estableciendo como contraparte obligaciones destinadas a contribuir al sostenimiento de las instituciones en la medida de su capacidad económica y observar una conducta de convivencia pacífica y respeto a los derechos de los demás miembros de la comunidad.

Cuando las leyes y normas que conforman la esencia de la Constitución son ignoradas, violadas o modificadas, sin el acuerdo pleno de la sociedad, las naciones están en riesgo de sufrir graves crisis sociales, que frecuentemente derivan en la violencia y el caos, que llegan a poner en peligro su existencia. Esta situación se agrava por la presencia de intereses externos que aprovechan tales crisis para realizar actos de rapiña y depredación, debiendo ser la principal responsabilidad del gobierno el mantenimiento del estado de derecho, es decir, de observancia de la Constitución y las leyes que se originan en ella, siendo, por ese motivo, que el artículo 87 de la Constitución Mexicana obliga al Presidente de la República, así como a los gobernadores y funcionarios públicos, a comprometerse a guardar y hacer guardar la Carta Magna y las leyes que de ésta emanan.

A 99 años de ser promulgada la Constitución de 1917, por el entonces presidente Venustiano Carranza, nuestro país se encuentra sumido en una crisis de corrupción e impunidad que tiene su origen en la Presidencia de la República y que se reproduce en varias de sus entidades federativas, con resultados dramáticos y consecuencias imprevisibles para la nación entera, pues lejos de guardar y hacer guardar la Constitución, el actual mandatario ha logrado que varios artículos fuesen modificados sin hacer consulta alguna a la sociedad mexicana, para conocer su opinión y voluntad. Tal ha sido el caso de las modificaciones a los artículos referentes al patrimonio energético y territorial de la nación, al derecho a la educación y al trabajo en el sector educativo, a la libre expresión y a los derechos de manifestación de las ideas, entre muchas otras cosas, restringiendo además la capacidad de decisión del pueblo, tal como está establecido en el mismo artículo 39 de la Constitución que a la letra establece con claridad: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

¿Cómo ha sido posible todo esto? Con la complicidad del propio Congreso de la República y de las autoridades electorales; el primero, establecido con el fin de resguardar la voluntad ciudadana, al ser elegidos sus miembros para representar a quienes los hicieron sus representantes, con el objeto de oponerse a las acciones y deseos del Poder Ejecutivo cuando estos sean contrarios a la voluntad de sus representados. ¿Qué evidencias hay de que tal cosa sucedió al discutirse los artículos mencionados? Respecto a las autoridades electorales, el hecho de haber permitido que los resultados de las elecciones del actual gobierno de la República fuesen alterados mediante la compra masiva de votos, ha constituido una clara violación al artículo 41 de la Constitución, además de ser una vergüenza para la nación entera, en virtud de que cientos de miles de mexicanos vendieron su voto, sin saber lo que estaban haciendo, por una parte, debido a la ignorancia en la que han sido mantenidos y, por otra, a la miseria en que se encuentran, impidiéndoles pensar en el futuro cuando éste les es tan incierto.

El descrédito de las instituciones mexicanas, efecto directo de la crisis constitucional que vive el país, se refleja de manera clara en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de muchos otros, como los ocurridos recientemente en Veracruz; en la captura del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero, y aún más con su exoneración abrupta por parte de las autoridades españolas, que cambiaron de parecer inexplicablemente, como clara manifestación de la impunidad de los capos mexicanos; en la incongruencia entre la falta de recursos para la educación y la salud y la suficiencia de recursos para la construcción de un aeropuerto faraónico, así como para el avión presidencial, como remembranza de la Corte de Versalles.

Por todo esto, la imagen del actual gobierno, del Congreso, de las autoridades electorales y de la mayor parte de los partidos políticos alcanza niveles inéditos de descredito, dando lugar a la burla, al enojo y en muchos casos al desinterés por la nación misma, mientras las autoridades se afanan en crear una imagen ilusoria de un país inexistente en el que los escasos problemas que vivimos tienen su origen en el ámbito exterior, tratando así de tapar el sol con los dedos.

En este contexto tienen gran importancia los esfuerzos que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador han venido haciendo por restaurar la validez de la Constitución, oponiéndose a las acciones e intenciones del actual gobierno, que ha puesto a la nación en una situación de riesgo social, de violencia y de pérdida de su soberanía. El primero mediante la conformación de un movimiento social destinado a restituir la Constitución como base fundamental para reconstruir la nación; el segundo como bandera de lucha para erradicar la impunidad y la corrupción que tanto daño han hecho y siguen haciendo quienes han usado los recursos de la nación como botín, depreciando a los hombres y mujeres que constituyen el mayor patrimonio de la nación. Todo esto, como parte de una gran batalla política para despojarlos del poder que hoy disfrutan para su beneficio.

Sería deseable que las ceremonias y festejos que habrán de hacerse con motivo de los cien años de la Constitución no caigan en actos grotescos como los que tuvieron lugar en los centenarios de la Independencia y la Revolución Mexicana en manos de los panistas.

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