a comisión que elabora en Palacio Nacional la iniciativa de reforma laboral ha realizado una docena de reuniones y ha ignorado los reclamos de sindicatos, académicos y organizaciones civiles por no haber sido incluidos. Destaca en las protestas la posición de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, por excluir del debate al Poder Judicial local.

La comisión empieza a exhibir sus áreas de interés. Más allá de detalles procesales menores, es claro que pretende conservar la estructura de las juntas de conciliación, por definición parciales, al depender del Poder Ejecutivo federal y local. Sin este cambio, cualquier reforma tendrá un carácter cosmético.

Un encargo prioritario para la comisión se relaciona con los contratos de protección patronal, práctica viciosa mediante la cual el patrón escoge y firma el contrato colectivo de trabajo inicial con el sindicato de su preferencia. Los líderes se disputan ser agraciados en esta elección patronal y poder vender su firma, recibiendo en el futuro un pago periódico por la protección dada a la empresa; en consecuencia, acceden a que las condiciones de trabajo, así sean malas y perjudiciales para los trabajadores, las fije discrecionalmente el patrón.

¿Cómo solucionar el fraude de los contratos de protección patronal, que no están muy lejanos de un esquema de trata de personas? Simplemente consultando con los trabajadores antes de la firma del contrato colectivo, como sucede en cualquier parte del mundo, si están conformes o no. Esta consulta deberá llevarse a cabo como condición para cualquier firma de contrato, con o sin emplazamiento a huelga.

La propuesta de los empleadores, con evidente maña, busca que la consulta previa se dé solamente si el sindicato emplaza a huelga, no cuando el patrón escoge al sindicato, lo que permite generar la mayoría de los contratos de protección. Los abogados del sector empresarial, alegando una verdad a medias, sostienen que buscan evitar la extorsión de los sindicatos que, sin tener afiliados, emplazan a huelga. Tienen razón en parte; sin embargo, se niegan a que se consulte a los trabajadores cuando no existe emplazamiento; en otras palabras, no quieren renunciar a seguir firmando con los sindicatos de su elección. Lo mismo sucede con los juicios de cambio de sindicato o titularidad del contrato, en los que proponen como condición que se expongan previamente los nombres de los trabajadores inconformes con el sindicato impuesto por el patrón.

En la comisión se han incluido estos temas en dos apartados, denominados Casos de extorsión o simulación en emplazamiento de huelga por firma de contrato y Vicios en las disputas de titularidad de los contratos colectivos.

Otra orientación preocupante es la tendencia a criminalizar la defensa de los trabajadores. Lo cual, lamentablemente, tiene origen presidencial. Al anunciar la iniciativa de ley, Enrique Peña Nieto señaló como motivación de la misma: Casos en los que representantes legales de trabajadores buscan aplazar indebidamente los juicios laborales, no para favorecer al interesado, sino para encarecer el litigio y obtener beneficios a costa de los trabajadores o de las empresas. Ignora que con la reforma laboral pasada se cubre a los trabajadores el máximo de un año de salarios caídos, por lo que no tiene sentido que los abogados de los trabajadores alarguen los juicios. Todo lo contrario.

Esta visión proempresarial y antitrabajador se incrementa día con día; por ello, se pretenden crear figuras delictivas contra la defensa laboral. En Chihuahua se ha puesto en práctica esta visión, obligando a los trabajadores a conciliaciones para que renuncien a sus derechos, utilizando la presión de la vía penal. Esta estrategia se complementa con el invento de los juicios orales laborales, que no tienen sustento en la ley. Se les llama así sólo porque se instala un monitor, una grabadora y obviamente la vigilancia cercana del Ministerio Público. Como complemento se creó el nuevo delito de fraude laboral.

Para consolidar el modelo, el gobierno de Chihuahua organiza un Congreso Mundial del Derecho del Trabajo, del 9 al 12 de febrero, y anuncia la presencia de 50 países y 8 mil personas. La invitación señala que se traerán como expositores a los mejores líderes empresariales y líderes sindicales del mundo. En la realidad, brillan por su ausencia los líderes sindicales, ni siquiera los oficialistas de Chihuahua serán ponentes y los temas son artificialmente controlados. No se mencionan los contratos de protección patronal vigentes en 98 por ciento de los centros laborales, los obstáculos a la libertad sindical, la nueva reforma sobre salarios mínimos, el Convenio 98 de la OIT en el Senado, la situación del trabajo en la maquila, los impactos negativos del outsourcing, etcétera. La idea es no hacer olas. Prefieren hablar de migración laboral, formalización del empleo, equidad de género, trabajo doméstico, temas políticamente correctos, que no inquieten. En la invitación se presumen, como producto de la política conciliatoria, 1000 arrestos, 100 carpetas de investigación (y que) Chihuahua es la primera entidad en contar con una unidad especializada en delitos laborales.

En buena hora un grupo de abogados y abogadas laboralistas chihuahuenses de composición plural han organizado, con sus propios recursos, un acto paralelo denominado Diálogo Laboral Alternativo, que se celebrará los días 11 y 12 de febrero, donde abordarán con plena libertad y dignidad los temas que verdaderamente agobian el mundo del trabajo.