Elementos del séptimo batallón de infantería de la Secretaría de Marina (Semar) son acusados de violar los derechos humanos de seis civiles e incurrir en los delitos de tortura y violencia sexual. Dichos actos fueron cometidos en las instalaciones militares de Boca del Río, en el contexto de la aplicación del Programa Veracruz Seguro, en abril de 2012.

De acuerdo con la recomendación 1/2016 que envió este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón Sanz, los seis civiles fueron detenidos después de que, tras recibir una denuncia anónima, los marinos allanaron el inmueble donde se encontraban aquellos, sin orden de cateo.

Los seis civiles están recluidos en diversos penales federales acusados de delitos contra la salud y de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras la detención, y antes de ser enviados a la Ciudad de México, los civiles permanecieron más de 26 horas en las instalaciones navales y durante este tiempo recibieron insultos y fueron víctimas de golpes, tortura y tratos crueles y degradantes.

Ayer por la tarde, en un comunicado, la Semar informó que aceptó la recomendación y precisó que se han realizado diferentes estrategias de acción luego de que se tuvo conocimiento de los hechos.

A través de los órganos del Estado se brindó la atención a que se refiere el presente punto a alguna de las personas afectadas. Asimismo, una vez aceptada esta recomendación, se procederá a realizar la reparación del daño que corresponda, puntualizó la Armada de México.

La recomendación de la CNDH señala que a los detenidos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y fueron sumergidos en tanques de agua para simular asfixia. A la mujer le aplicaron descargas eléctricas con pinzas en senos y vagina. Actos similares se cometieron contra otros varones, colocándoles las pinzas en pezones y genitales. Incluso, por efecto de esta tortura, se le tuvo que amputar un dedo donde le fue colocada otra de las pinzas.

Estos hechos de tortura y tratos crueles y degradantes fueron acreditados mediante la aplicación de diversos análisis clínicos y el protocolo de Estambul, que sirve para identificar violaciones a los derechos humanos de este tipo. Atribuye a los marinos la comisión de violaciones a la libertad, integridad y seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, tortura y violencia sexual.

Con base en varios expedientes de investigación, la recomendación relata una denuncia de violencia sexual. Lo condujeron a una habitación donde fue interrogado y amenazado en el sentido de que si no hablaba lo violarían; que al no hablar, varios de dichos elementos (navales) lo obligaron a abrir la boca para introducir su pene en repetidas ocasiones.

La CNDH recordó a Soberón Sanz que suman 14 las recomendaciones enviadas a la Semar de 2010 a la fecha por violaciones al derecho a la libertad, retenciones arbitrarias, tortura y abusos de autoridad, entre otras, y pidió que sean revisadas y actualizadas, bajo los actuales estándares, las directivas que emite el alto mando a los elementos que participan en operativos de seguridad, con la finalidad de que sean respetados los derechos humanos.

Además, advirtió que la actuación de otros elementos de la Marina que han sido acreditados en la misma recomendación tiene que ver con incumplimiento de su responsabilidad y falsedad de datos y testimonios.

Citó el caso de que elementos militares falsean la información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención de las personas, y que esto pueda traducirse en su reiteración si no se actúa enérgicamente para prevenirlo. O el de los médicos que omiten certificar las lesiones que presentan los detenidos, actuaciones que también deben ser investigadas.