Madrid.

La precipitada salida de España de Humberto Moreira no alterará el curso de la investigación ni las actuaciones judiciales que llevará a cabo la Audiencia Nacional de España, confirmaron fuentes del órgano judicial. El ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila alteró los planes que tenía previstos, o al menos los que divulgó públicamente, de permanecer en el país ibérico hasta que culminara sus estudios y trámites universitarios, pero en cuanto le devolvieron el pasaporte y conoció la providencia del juez Santiago Pedraz de que mantendría abierta la investigación y el secreto de sumario un mes más, en menos de 24 horas compró su boleto de regreso a México y abandonó España.

El periplo judicial y carcelario de Moreira en España se inició el pasado 15 de enero, cuando fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el contexto de una investigación que emprendieron hace más de año y medios dos fiscales anticorrupción, José Grinda y Juan José Rosa, por al menos cuatro delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y asociación de malhechores. En las cintas donde esperaba su equipaje fue detenido por agentes de la Policía Nacional y llevado de inmediato ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, que entonces estaba bajo la tutela del juez José de la Mata.

Convivió con reos peligrosos

Aquel día, tras prestar una breve declaración ante el juez De la Mata, Moreira fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, donde convivió con algunos de los presos más peligrosos del país, entre ellos integristas islamitas, narcotraficantes, asesinos y políticos inmersos en casos de corrupción. El político mexicano inició su ofensiva legal y contrató a uno de los abogados penalistas más eficientes y prestigiosos de España, Manuel Ollé Sesé, además de que viajaron a Madrid sus asesores legales en México, entre ellos Ulrich Richter.

Moreira pasó una semana en la cárcel situada a unos 60 kilómetros de Madrid, hasta que el pasado 22 de enero fue citado a declarar por primera vez ante el juez instructor de su caso, Santiago Pedraz, quien respondía a su vez a las peticiones hechas por los fiscales durante la indagatoria. El interrogatorio duró al menos una hora. Fue cuestionado sobre el origen del dinero que transfirió a lo largo de 2013 de México a Barcelona, donde había cambiado su residencia después del asesinato de su hijo, José Moreira, a manos de Los Zetas.

Durante el interrogatorio, Moreira conoció no sólo las tesis que manejaba la fiscalía, que lo señalaban como presunto blanqueador de capitales y aliado, cuando no integrante, del cártel del Los Zetas. Al menos así lo afirmaron los fiscales, que se basaron en las pruebas y los testimonios recabados, entre ellos las declaraciones juradas del testigo protegido en Estados Unidos Rolando González Treviño, a quien señalan como prestanombres del propio Moreira.

También, durante el interrogatorio, Moreira supo que durante su estancia en Barcelona fue vigilado por los servicios de inteligencia y sus llamadas telefónicas fueron intervenidas y grabadas, si bien la mayoría de ellas permanecen secretas en el sumario y en la investigación, que todavía no se ha hecho pública precisamente por el curso de los hechos.

El día de su comparecencia ante el juez Pedraz, Moreira y su defensa convencieron al magistrado de que el dinero que se investigaba, alrededor de 200 mil euros (4 millones de pesos) estaban justificados y en ningún caso se pudo probar la vinculación con el crimen organizado, para lo que la defensa de Moreira entregó los informes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que provocaron el archivo de las acusaciones abiertas contra Moreira en México. El juez español decidió entonces su puesta en libertad sin fianza, con la única salvedad de no entregarle su pasaporte hasta que se venza el plazo de cinco días que tenía la fiscalía para recurrir.

Los fiscales no recurrieron la medida y fue entonces cuando el juez citó el pasado martes a Moreira en su despacho para entregarle su pasaporte. En menos de 24 horas, y tras conocer que el juez había decidido también no archivar la causa, como esperaba, decidió comprar un boleto de regreso a México, por Aeroméxico. Y se fue en secreto, sin avisar ni siquiera a sus abogados e intentando pasar inadvertido.