La resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que solicitó la liberación de Nestora Salgado García, dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, debiera ser vinculante para el gobierno mexicano, señalaron directivos de organizaciones y centros de derechos humanos.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseveró que un llamamiento de uno de los mecanismos que tiene Naciones Unidas pone a prueba la voluntad política del gobierno mexicano en términos de cumplir y respetar los derechos humanos.

Señaló que en caso de que el gobierno no acepte la solicitud, la defensa de Nestora Salgado podría recurrir a tribunales nacionales para exigir su cumplimiento.

Patrón consideró que con base en la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, la solicitud de Naciones Unidas debe tener efectos obligatorios para el gobierno mexicano, debido a que dicha reforma abre el prisma en el que se integran lo que se llama el marco regulatorio de constitucionalidad, donde entran precisamente los tratados internacionales.

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el gobierno mexicano no puede dejar desapercibido un llamado así.

Aunque se reservó cualquier comentario o declaración directa sobre el caso Nestora Salgado –pues aunque forma parte de ese Grupo de Trabajo, debe salir de las sesiones donde se delibera sobre el tema, dado que es un caso mexicano–, estimó que una resolución de ese tipo sí tiene fuerza vinculante. Lo tiene en sentido de que México está abierto al escrutinio internacional y reconoce la competencia de esos tribunales, además de su colaboración con ellos.

Entrevistados ambos en la conferencia colectiva donde organizaciones civiles fijaron postura sobre la iniciativa presidencial en materia de tortura, José Antonio Guevara reconoció que a pesar de que el Grupo de Trabajo no surge por un tratado internacional, sí fue creado por resolución del Consejo de Derechos Humanos.

Además, es el único procedimiento que se conoce como si fuera cuasi jurisdiccional, dado que recibe la queja de un ciudadano, pide información al gobierno en cuestión, el grupo se reúne, valora y emite una opinión, la cual ha sido discutida desde la perspectiva jurídica, con instrumentos aplicables a todos los países del mundo por igual.