La iniciativa de ley general contra la tortura enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado no reúne los estándares internacionales requeridos y contiene disposiciones que representan un grave riesgo, pues incluso podría incentivarla.

Organizaciones civiles y de derechos humanos, académicos y especialistas, así como víctimas, llamaron al Senado a ejercer su autonomía y aprobar una ley que en realidad prevenga, sancione y erradique la práctica de la tortura y elimine la impunidad.

Al fijar su postura acerca de la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre pasado, señalaron que como está redactada, se demuestra la falta de compromiso del gobierno federal para erradicar ese fenómeno generalizado.

En conferencia de prensa, los representantes de unas 30 organizaciones que suscriben esa postura destacaron que las declaraciones y acciones del gobierno federal en la materia resultan sumamente contradictoras, pues mientras se declara que es defensor y promotor de los derechos humanos, en los hechos propone una iniciativa alejada de los estándares internacionales y no recoge las propuestas de la sociedad civil.

Al presentar una lista de carencias y omisiones de la iniciativa presidencial, dijeron que no existe prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo la práctica de la tortura. Tampoco se da el mismo trato procesal a los casos en que se denuncian tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se investiga toda la cadena de mando en las denuncias por tortura, quedándose sólo en los superiores inmediatos.

Reunidos en la sede del Centro Pro de Derechos Humanos, el colectivo de organizaciones y académicos presentó los contenidos mínimos que debe tener dicha ley, que debería ser discutida y aprobada en el periodo legislativo de febrero-abril.

Entre las propuestas citaron una tipificación adecuada, la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura o tratos crueles, aplicación del protocolo de Estambul –manual internacional para la detección de casos de tortura–, un eficaz mecanismo nacional de prevención de ese delito y la investigación y responsabilidad total de la cadena de mando.

Además, destacaron que la marginación de propuestas de la sociedad civil en el proyecto de ley general contra la tortura presentado por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la elaboración de la ley contra la desaparición forzada.

Entre las organizaciones que firman el posicionamiento están Centro Pro, Centro Fray Francisco de Vitoria, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Red Todos los Derechos para Todos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras.