La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la petición de los dirigentes del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave, respectivamente, de que la dependencia investigue a los candidatos a puestos de elección popular e informe del resultado de sus indagatorias al Instituto Nacional Electoral (INE) cuando se trate de personajes involucrados en el crimen organizado.

La PGR está ‘‘legalmente impedida para proporcionar información alguna relacionada con las investigaciones que tiene en curso a quien no ostente la calidad de abogado, víctima u ofendido por algún delito’’, respondió la dependencia.

Hizo notar asimismo que, de acuerdo con la Constitución, ‘‘la función del Ministerio Público es investigar y perseguir delitos del orden federal, previa denuncia o querella que se presente al respecto, en la que se narren los hechos que se consideren delictivos’’.

Sobre el tema, el presidente del Senado, Roberto Gil, comentó que puede ser la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional –que hoy se instala– la instancia que solicite al INE eliminar de la contienda a candidatos que tengan nexos con el narcotráfico y otras bandas criminales.

‘‘El Estado debe blindarse frente a cualquier penetración del crimen organizado y evidentemente también el aparato de procuración y administración de justicia’’. En ese sentido, consideró que la comisión bicamaral ‘‘es la instancia idónea para empezar a atender institucionalmente y fuera del debate mediático los indicios y evidencia, así como sospechas sobre candidatos infiltrados por la delincuencia organizada’’.

Los partidos tienen la obligación de cuidar la nominación de sus candidatos, ‘‘pero también el Congreso, su comisión bicamaral, deben evitar que penetre el crimen y que estemos a las puertas de una situación de narcopolítica en el país’’.

Gil Zuarth resaltó que esa comisión, formada por senadores y diputados, tiene facultades para ello, ya que se le reconoce como instancia de seguridad nacional que puede emitir recomendaciones y sugerir, por ejemplo al INE, que retire alguna candidatura.

En entrevista aparte, el senador del PRD Alejandro Encinas rechazó que el organismo tenga esas facultades. ‘‘Sería indebido que los legisladores actuáramos como Ministerio Público; no son las funciones de la comisión bicamaral’’.

A su juicio, el procedimiento adecuado es que, a solicitud de los partidos, y con la anuencia de los candidatos, la PGR haga una investigación para determinar si existe algún antecedente penal o algún vínculo con la delincuencia organizada.