Joaquín El Chapo Guzmán enfrenta en Estados Unidos varias investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero y dos peticiones de extradición que Washington presentó al gobierno mexicano por hechos relacionados con tráfico de drogas, pero a la Procuraduría General de la República (PGR) le ha resultado muy complicado construir casos sólidos en los juzgados por delitos contra la salud en los que se acuse a Guzmán de ser autor directo de ese tipo de actividades criminales.

Según consta en actuaciones judiciales a las que tuvo acceso La Jornada, entre febrero de 2014 y noviembre de 2015 la PGR logró que al ex líder del cártel de Sinaloa se le iniciaran 14 juicios, pero sólo uno fue abierto por delitos contra la salud.

La mayoría son por posesión de armas y cartuchos, cohecho y delincuencia organizada. No hay a la fecha una sola acusación de la procuraduría ante un juzgado de distrito contra El Chapo por homicidio ni por lavado de dinero, y en el único proceso abierto por delitos vinculados a tráfico de drogas, los fiscales tuvieron que batallar mucho porque inicialmente un juez federal había negado la orden de aprehensión contra Guzmán Loera.

De los procesos penales que enfrenta, siete son por delincuencia organizada –uno incluye cohecho–, tres por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, y cuatro por realizar vuelos clandestinos.

La dificultad de acreditarle ilícitos relacionados con las drogas no es reciente, pues desde su captura en Guatemala, en 1993, el capo ha sido condenado en los tribunales por cohecho y asociación delictuosa, pero nunca por narcotráfico.

De esos procesos solamente uno es por delitos contra la salud, el cual se instruye en el juzgado sexto de distrito de Jalisco, con el número 364/2012. Se le atribuye en este expediente la posesión de semillas de mariguana y amapola con fines de siembra, cultivo y cosecha, pero no hay ningún otro proceso en su contra por narcotráfico.

En la indagatoria que hizo la PGR para consignar a funcionarios relacionados con la reciente fuga se establece que siete de los juicios contra El Chapo estaban siendo integrados por delincuencia organizada. Se instruían en los juzgados primero de Nayarit, primero y segundo de Matamoros y tercero, quinto y sexto de Toluca; todos en procesos penales federales.