Real de Catorce, SLP.

La comunidad wirrárika (huichola) asentada en el Altiplano, centro y occidente de México anunció que dará todo su apoyo a las localidades rurales de San Luis Potosí y Zacatecas que se oponen a la construcción de un confinamiento de desechos industriales tóxicos en el rancho Palula –en los límites entre ambas entidades–, a pesar de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Reunidos en el salón de cabildos de la presidencia municipal de Real de Catorce, indígenas, académicos, sacerdotes católicos e integrantes de organizaciones sociales lograron el acuerdo en esta desmantelada ciudad minera ubicada a 2 mil 750 metros sobre el nivel del mar, corazón del territorio Wirikuta, considerado sagrado por los indígenas wirrárikas.

Las ideas y propuestas se multiplicaron en contra del proyecto del empresario potosino José Cerrillo Chowell, quien pretende dar servicio de confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a más de 3 mil empresas nacionales y extranjeras, entre ellas fábricas del estado de México y de la Ciudad de México, reveló Gustavo Alfonso Tapia Pérez, sacerdote de la parroquia de Villa de Santo Domingo, que atiende 19 comunidades rurales, entre ellas La Merced, La Victoria y El Bozal, que colindarían con el vertedero.

David Ruiz, juez auxiliar de La Victoria, pidió a los representantes de la nación wirrárika que nos echen la mano para detener este tiradero y vencer a estos empresarios. Dicen que están muy fuertes.

Entre los presentes estaban J. Trinidad Chema Guzmán, de la comunidad San Sebastián Tenahuaxtlan, y Claudio de la Rosa Valdez, de la localidad de Santa Catarina. El primero sostuvo:

Venimos a esta reunión para informarnos sobre la realidad de esto, ya que nosotros pertenecemos culturalmente a esta tierra, aunque no por eso queremos imponer cosas. Pero tengan por seguro que el pueblo wirrárika está con ustedes para apoyar: la cuestión es que no se haga el tiradero.

El sacerdote Joel Donato, coordinador general de la pastoral social de la diócesis de Matehuala, anunció que la próxima semana se emitirá una carta abierta dirigida a las autoridades locales y federales con argumentos de los clérigos de esta región contra el vertedero.

Los tiraderos tóxicos están minando la naturaleza. Tenemos que poner mucho énfasis en sumar, en hacer alianzas para crear fortalezas. Tenemos mucho trabajo que hacer en un solo tema: la vida de todos. En la diócesis estamos apoyando. Nuestra función ha sido acompañar y en algunos momentos asesorar, pero los protagonistas son los ejidatarios, apuntó.

Tunuary Chávez, representante de la Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas, quien encabeza desde hace cuatro años la mesa técnica-científica que analiza el impacto de la minería en la región de Wirikuta, ofreció datos sobre los riesgos para el sumninistro de agua en esta región.

“Si bien el basurero tóxico se encuentra fuera de las 140 mil hectáreas del área natural protegida de Wirikuta, todos los afluentes, todos los escurrimientos superficiales, forman parte de la cuenca del Soldado (llamada así por la Comisión Nacional del Agua) y abarcan 60 por ciento del territorio del Bajío de Wirikuta.

“A finales de 2010 se realizó un estudio sobre el impacto de los metales pesados de los desechos mineros en esta región después del huracán Alex. Se encontró que los polvos mineros viajaron más de 12 kilómetros.

Encontramos plomo, arsénico y antimonio en el peyote, al igual que en una pluma de águila real. En la sangre de las personas de las comunidades Las Margaritas, El Refugio y San José de Coronados encontramos elevados niveles de plomo. Y se incrementaron los casos de leucemia. En una sola casa de aquí, de Real de Catorce, dos niños resultaron con altos niveles de metales pesados, remató.

Iracema Galván, egresada de la Escuela de Postgrado de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que ella y un grupo de universitarios se encuentran aquí para documentar todo lo relacionado con el proyecto del basurero tóxico, ligado a su vez con los megaproyectos que se están imponiendo en la región, con graves afectaciones no sólo al medio ambiente, sino a todas las relaciones sociales y comunitarias.