Luego de concluir que la detención y la posterior privación de libertad de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, fue ‘‘ilegal y arbitraria’’, y que su proceso judicial ha sido ‘‘injusto’’, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México su liberación y proporcionarle una ‘‘compensación apropiada’’.

En su resolución 56/2015, dada a conocer este martes, el organismo de Naciones Unidas informó que ya dio vista de este caso al relator especial sobre situación de los defensores de los derechos humanos y al que atiende casos de tortura, a fin de que se aseguren de que la señora Salgado no sea victimizada nuevamente.

De esta forma, el grupo de trabajo, compuesto por cinco expertos independientes en derechos humanos, emitió su ‘‘decisión de fondo’’ sobre el caso de Nestora Salgado, quien fue arrestada por elementos del Ejército y la Marina el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro.

No obstante, ninguna de sus presuntas víctimas se ha presentado a ratificar sus denuncias en estos más de dos años de prisión, casi siempre en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

En el numeral 42 de su resolución, el grupo de trabajo de la ONU, creado en 1991 como mecanismo especial integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señala que por los datos e información obtenida, ‘‘pareciera que la señora Salgado habría sido perseguida debido a su lucha por los derechos de la población indígena, e incluso es un patrón que se ha observado en los últimos años’’.

Además, expresa abiertamente su ‘‘seria preocupación’’ por la existencia de lo que ‘‘parece ser un patrón contra los defensores de derechos humanos’’ en México, pues se han observado situaciones similares en el país durante los últimos periodos de sesiones del organismo internacional.

Para Alejandra Gonza, abogada de Nestora Salgado en Estados Unidos, esta resolución es una ‘‘fuerte condena a tantas injusticias’’ cometidas contra la líder comunitaria a manos del Estado mexicano.

‘‘Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora Salgado está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo. México debe ahora liberarla inmediatamente’’, señaló la también integrante de la Clínica de Derechos Humanos en Seattle, instancia que ha jugado un papel clave en la resolución del grupo de trabajo.

Por su parte, Ricardo Lagunes, otro de los abogados que llevan el caso, aseguró que la resolución del grupo sí es vinculante y obligatoria para el Estado mexicano, por lo que está obligado a atender la solicitud de la ONU, que le pide textualmente ‘‘tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la señora Salgado y proporcionarle una compensación apropiada’’.

En sus argumentos, la defensa señala que esta obligatoriedad deriva de la última reforma constitucional en materia de derechos humanos, concretada en 2011, en la que se reconoce que hay pactos de derechos civiles y políticos de los cuales el Estado mexicano forma parte y ha ratificado.

Nestora Salgado está recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la ciudad de México, tras pasar casi dos años en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, del cual pudo ser trasladada tras una huelga de hambre de un mes a mediados del año pasado.