Las condiciones de vigilancia e internamiento que realiza el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en el caso Joaquín El Chapo Guzmán, no se modificarán ante el otorgamiento de amparos contra supuestos actos de incomunicación, ya que los mecanismos implementados están apegados a las normas de las cárceles federales, informaron mandos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Las fuentes consultadas refirieron que los organismos de la Secretaría de Gobernación (SG) han demostrado ante diversos actuarios y autoridades judiciales que las condiciones en que se encuentra el ex líder del cártel de Sinaloa están apegadas a derecho y garantizan la estabilidad y seguridad penitenciaria.

Explicaron que la vigilancia de los alimentos, custodia permanente del reo, mayor fiscalización en quiénes lo visitan y la exigencia de que un representante legal lo asista de manera temática en los procesos penales que enfrenta, son normas que están contempladas en los reglamentos de los Centro Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Los funcionarios entrevistados indicaron que el cambio de celda, a veces hasta en dos ocasiones por día, así como el derecho a una hora de patio por 23 de encierro, forma parte de las normas para reclusos que, como Guzmán Loera, son considerados reos de ‘‘súper máxima seguridad’’, un tipo de peligrosidad que, a decir de los entrevistados, alcanzan entre 10 y 15 por ciento del total de presos federales.

Ya no controlará desde la cárcel al cártel de Sinaloa

En el caso de Guzmán Loera, las autoridades penitenciarias mexicanas han establecido medidas que impidan que nuevamente le permitan trazar un plan de fuga o controlar al cártel de Sinaloa desde prisión, como ocurrió entre 2014 y 2015, cuando podía enviar órdenes por medio de sus abogados, los cuales llegaron a realizar tres o más visitas por día con el argumento de que tenían que tratar con él estrategias para combatir diversas acusaciones o procesos.