Presentan un peritaje grafoscópico en litigio por la propiedad de un predio rústico
Tras 12 años de disputa, por lo menos cuatro jueces han eludido analizar el caso en el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado
Arnoldo Ochoa, dueño desde hace 30 años, dicen sus abogados
Miércoles 3 de febrero de 2016, p. 25
Colima, Col.
El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, falsificó la firma del propietario del predio rústico Las Ánimas, en el municipio de Colima, para obtener las escrituras y despojar a campesinos cañeros de sus tierras.
De acuerdo con un peritaje grafoscópico realizado en enero pasado por Trinidad Anabel Álvarez Alcántar, de la empresa de servicios periciales certificada Álvarez y Álvarez, las firmas del recibo de pago que Arnoldo Ochoa González exhibió para demostrar la compraventa del predio no presentan correspondencia grafoscópica con las firmas indubitables del señor Salvador Solís Orozco; consecuentemente no provienen de su puño y letra
.
Mariano Castañeda, abogado de los ejidatarios perjudicados por Arnoldo Ochoa, recordó que en 2002 los hermanos Francisco Javier y Alejandro Osorio Medina compraron 216 hectáreas del terreno en disputa a Salvador Solís, y aún lo habitan y lo usan para cultivar caña.
Ochoa González, quien fue secretario de Gobierno en 2004 y gobernador interino en 2005, consiguió la escritura del predio con un recibo de pago presuntamente emitido en 1983, donde ninguna de las partes indica ni anexa el contrato de compraventa ni la extensión que supuestamente compraba Arnoldo Ochoa a Salvador Solís
, afirmó.
Concluida las etapas procesales, continuó, la juez Delia Ludivina Olmos Díaz indebidamente otorgó mediante sentencia del 15 de septiembre de 2004 la firma de escrituras a favor de Arnoldo Ochoa González, sin que se acreditara plenamente la compraventa de las fracciones reclamadas, el pago del precio pactado y mucho menos la obligación de escriturar a cargo del demandado
, dijo.
Alegó que al menos cuatro jueces se han excusado de analizar el caso en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es una cochinada. No sé si los jueces se excusan ante la gravedad de los delitos o por el cobro de favores de Ochoa González
, dijo.
Francisco Javier Osorio, productor cañero del municipio de Colima, exigió a las autoridades estatales concluir el litigio por el predio, pues no ha podido vender su producción al ingenio de Quesería debido a presiones de Ochoa González.
Indicó que ya son 12 años de disputa y ha tenido problemas para continuar como ejidatario, por lo que recurrió a un tribunal en Saltillo, Coahuila, para que resuelva un amparo.
En diciembre de 2015, continuó, policías estatales llegaron al predio para hacer cumplir la sentencia de un juez emitida en junio de 2015 y tomar posesión de las tierras, pero debido a que nos amparamos no procedió. Ochoa González jamás ha tenido posesión material ni jurídica de los terrenos
.
El pasado 3 de enero, Gustavo González Chacón y Cuauhtémoc Gómez Cabezud, abogados de Ochoa González, dieron a conocer que el funcionario ha sido propietario del rancho Las Ánimas, también llamado El Coyote, desde hace más de 30 años.
Agregaron que debido a la demora del vendedor para la escrituración del rancho, se inició el procedimiento 603/02 ante un juzgado mixto civil y mercantil, en el cual Salvador Solís, supuesto propietario de las tierras, fue oído y vencido, por lo que se otorgó a Arnoldo Ochoa la escritura debidamente registrada.
Los señores Francisco Javier y Alejandro de apellidos Osorio Medina (los campesinos que acusan a Ochoa González) tramitaron un juicio de amparo, falseando los hechos, pues ante dicha autoridad judicial federal se presentaron como propietarios y poseedores del inmueble, anexando a su demanda de amparo un documento falso en su contenido que resultó legalmente insuficiente, por lo que el juez correspondiente no concedió el amparo solicitado
, dijo González Chacón.
Gómez Cabezud fue director de Gobierno en 2005 y cuando Ochoa González fue gobernador interino, en 2005, se desempeñó de secretario general de Gobierno.
Ochoa González también fue denunciado por despojo, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos en la disputa por el predio. Además que enfrenta en el Congreso local una demanda de juicio político promovida por los hermanos Osorio Medina.