Cuernavaca, Mor.

El caso de Oliver Navarrete Hernández tiene que sentar un precedente en la seguridad, la prevención del delito, la actuación de los servidores públicos y la impartición de justicia en Morelos, para que ninguna persona sufra el dolor de un secuestro y del asesinato de uno de sus familiares, la retención del cuerpo por trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la inhumación clandestina, como ocurrió con el joven y los cuerpos de otras 149 personas en dos fosas ilegales en Tetelcingo, Cuautla, manifestó la madre de la víctima, María Hernández.

En entrevista, dijo no estar satisfecha con la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cdhmor), porque no sabe si la cumplirá el gobernador Graco Ramírez; además, aún falta la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Piden que se identifique a los sepultados en fosas ilegales

Con su hermana, Amelia Hernández, coincidió en que sólo se hará justicia a Oliver Navarrete cuando su caso obligue a los empleados de la FGE a hacer bien su trabajo, pero para ello es necesario castigar a los trabajadores y funcionarios de la fiscalía que participaron en la inhumación clandestina de las 150 personas.

María Hernández exigió a la FGE y a la Procuraduría General de la República (PGR) que peritos exhumen e identifiquen a las otras personas sepultadas de manera ilegal.

Sería justicia para nosotros que los servidores públicos paguen por los delitos que encubrieron y cometieron. Oliver fue víctima de secuestro y asesinato, y la autoridad lo revictimizó al dilatar las diligencias y llevarlo a una fosa ilegal.

Por ello, exigimos que los trabajadores de la fiscalía sean castigados. Ya estamos cansados de que no hagan nada. No cumplen sus funciones ni obligaciones. El que haya hecho algo indebido, que pague conforme a la ley, demandó Amelia, tía de Oliver.

La madre del joven secuestrado en 2013 e inhumado en 2014 por empleados de la FGE aseguró que los funcionarios que actuaron ilegalmente no deben continuar en sus cargos lastimando a más familias morelenses que padecen la inseguridad que azota al estado.