casi 15 meses de la tragedia de Iguala, y 11 meses después de la postulación oficial de la verdad histórica, el gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera estar en ceros, a pesar de las aparatosas maniobras políticas, mediáticas, policiacas y judiciales que hasta ahora ha realizado. Ayer mismo, luego de reunirse con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, el secretario de Gobernación declaró que sigue abierto el expediente. No hay cerrazón ni carpetazo al tema, la investigación continúa. Felipe de la Cruz, vocero de dichos familiares, dijo con claridad que para ellos la investigación verdadera apenas va a comenzar, luego de tanto tiempo de simulación.

Para cualquier sociedad medianamente reactiva resultaría militantemente inadmisible que no se sepa ni se tenga nada en firme luego de tanto tiempo transcurrido (y tantos recursos públicos invertidos, y tantas declaraciones evasivas, demagógicas o francamente criminales como, en esta acepción, la de Jesús Murillo Karam). Sin embargo, las propias autoridades manejan un discurso a la defensiva, como si hubiera un móvil insano en la insistencia de un segmento ciudadano que reclama verdad y justicia, como si en realidad se debiera ser comprensivo e incluso aplaudidor ante los esfuerzos oficiales que a nada han conducido.

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, ante la descalificación desde instancias académicas y científicas del incendio en el basurero de Cocula, demandó que debemos de dejar todos las especulaciones a un lado, que hable la ciencia y que hablen los expertos. Lo que resulte se dará a conocer. Nosotros estamos buscando la verdad, sea la que sea. Con la satisfacción del deber incumplido, avalado por una verdad histórica ahora tragicómica, convocó a dejar de buscar la oportunidad de validar o desacreditar una circunstancia.

No es una, sino varias las circunstancias que el gobierno federal debe validar y acreditar. Una de ellas, claro, el asunto del fantasioso incendio del que nadie se dio cuenta y en el que asentó el entonces fabulador general de la República, Murillo Karam, su narrativa de presunta veracidad inapelable. Otra circunstancia, cuyo peso en el análisis de los hechos ha ido creciendo hasta alcanzar ribetes casi acusatorios, es la del papel que cumplieron en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 los soldados y oficiales pertenecientes al batallón de infantería con sede en la mencionada ciudad de Iguala.

A las justificadas causales de sospecha que se produjeron en el primer lapso de trabajo de los expertos independientes (que actúan conforme a un acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano y los familiares de los 43), se ha sumado ahora la realización gubernamental de diligencias judiciales con los militares cuyo testimonio libre han solicitado tales expertos independientes, sin avisarles a estos sino de hechos consumados. Es decir, el gobierno mexicano ha apresurado la realización en solitario de interrogatorios ministeriales para así cerrar el paso a la pretensión de los expertos independientes de dialogar libremente con esos militares y hacerles preguntas para que las contesten en un formato practicado ya en otros puntos de esta investigación (es decir, un formato que no busca constituir el diálogo en un acto judicial formal). Por ello, el citado Osorio Chong declaró en Acapulco que esa solicitud de los expertos independientes y de los familiares de los 43 ya está cubierta, marrullería jurídica que sólo incrementa las versiones de que justamente en ese ámbito verde olivo hay claves que deben conocerse.

Otra circunstancia que se presta a especulaciones ha aparecido en el de por sí polémico proceso de asignación de contratos en el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (Naicm). Resulta que dos empresas de Reynosa, Tamaulipas, han resultado beneficiadas con la asignación de más de 600 millones de pesos para ejecutar trabajos de terracería, estructuras y obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en el Naicm. Una de esas firmas es Inmobiliarios Mexicanos SA de CV, y la otra se denomina Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas (Tracotamsa). Ésta es propiedad de Rolando Cantú Barragán, miembro de una familia que durante largos años ha hecho negocios relacionados con los gobiernos priístas federales (el petrolero, uno de los rubros), del estado y de la región fronteriza tamaulipeca. En medios de aquella entidad se ha mencionado que mantiene lazos con Juan Armando Hinojosa Cantú, el propietario de Higa, la firma especializada en hacerse de contratos gubernamentales y luego realizar peculiares operaciones inmobiliarias con los propios otorgadores de esos contratos y pagos.

En tanto, el gobierno estadunidense ha asegurado que los diarios Amanecer (con sede en Toluca) y unomásuno (editado en la ciudad de México) son medios de comunicación que han participado de negocios relacionados con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Los Cuinis, que forma parte del entramado que a escala nacional es conocido como cártel Jalisco Nueva generación, el de mayor crecimiento y desarrollo en lo que va del presente sexenio. El Departamento del Tesoro del vecino país ha señalado al vicepresidente del grupo editorial y empresarial, Naim Libien Tella, como responsable de actos ilícitos en complicidad con Abigael González, presunto jefe de los mencionados Cuinis. Libien Tella publicó en el portal de unomásuno un texto en el que rechaza las acusaciones y se pone a disposición de las autoridades para que investiguen sus cuentas y su conducta empresarial. Del unomásuno original, fundado por periodistas que habían salido de Excélsior luego del golpe dado por Luis Echeverría (luego, otros periodistas dejarían aquel unomásuno para fundar La Jornada), sólo queda el cabezal, pues su ejercicio fue cambiando hasta convertirse en acrítico difusor de las actividades de los gobiernos priístas del estado de México y, desde luego, del peñismo ahora en Los Pinos. ¡Hasta mañana!

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