uy útil para caracterizar al Estado mexicano es la expresión que el peñanietismo acuñó para sancionar a maestras y maestros: no idóneos. Los sucesivos gobiernos, al término del cardenista, adoptaron lo que hoy llamamos criminalización de la protesta social; no fue otra cosa la posición frente a los movimientos magisterial, ferrocarrilero, médico y el estudiantil. Sólo evoquemos el paso por la cárcel de Othón Salazar, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, entre muchos otros. La complejidad actual vincula el abandono del Estado de sus responsabilidades sociales, conquistas de la Revolución, con la incorporación al modelo neoliberal en un contexto de profundización de la corrupción, deterioro institucional e incremento de la llamada delincuencia organizada.

Precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional surge a la luz pública en 1994, tras años de preparación y organización, en el simbólico momento del inicio de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su ¡ya basta! es heredero de muchos movimientos y rebeldías que han enfrentado al Estado y éste ha conformado un patrón de impunidad estructural. Si se trata de negociaciones políticas que le han sido impuestas, incumple lo que pacta. El ejemplo emblemático está en los acuerdos de San Andrés. A lo largo de más de siete décadas ha practicado la desviación de poder, consistente en el uso de sus facultades para fines distintos a los que les dieron origen.

En una semana se cumple un aniversario más de la masacre de Acteal, perpretada el 22 de diciembre de 1997 por grupos paramilitares formados y entrenados desde el seno del Estado, y hoy están libres casi la totalidad de quienes fueron sentenciados, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que existieron violaciones al debido proceso. Suponiendo que así fuera, lo cierto es que no se cuenta con asideros que acerquen la justicia y el castigo a los responsables. En reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano insistió en la afirmación de que Acteal se produjo por un conflicto intracomunitario y ofreció una solución amistosa que llevaría a indemnizar a las familias de las víctimas, postura rechazada por la organización Las Abejas. El fondo del asunto consiste en eludir la responsabilidad de Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad. Cuánto se ha denunciado que el día de la masacre había policía cerca y no intervino. En un paralelismo con el caso hoy abierto de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde el Ejército se enteró, se relacionó en momentos con la persecución a los estudiantes y resulta con protección oficial para negar la entrevista con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. El síndrome de vuelta a la página está presente. Ya supérenlo, les dijo Peña Nieto a las madres y a los padres de los normalistas. Si hoy sigue formalmente abierta la investigación es gracias a su persistencia inagotable en la exigencia de aparición con vida de sus hijos y a la solidaridad nacional e internacional que les ha acompañado. El gobierno por un lado acepta, a regañadientes, la intervención del GIEI y por otro, mediante sus aliados, combate al grupo mismo y pretende desautorizar las hipótesis que éste muestra a la opinión pública. Por supuesto, no son los únicos casos graves de violación a derechos humanos: están las miles de víctimas de desaparición forzada.

Son numerosos los frentes abiertos contra diversos sectores sociales, el asedio a los territorios indígenas para avanzar en los megaproyectos que favorecen al capital trasnacional, que es reiteradamente felicitado porque está arriesgando su capital, se la juega con México. Y qué decir de la cruzada punitiva contra las maestras y los maestros en nombre de la llamada e indefinida calidad educativa. Evaluarse bajo amenaza, con despliegue policiaco sin precedente y con tantas anomalías denunciadas. También están aplicando el síndrome de vuelta a la página. El Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca organizó la semana pasada su primer congreso Retos y perspectivas de la educación en Oaxaca. Se pretende construir una imagen de legitimidad, después de las recientes evaluaciones con policías al lado y en un ambiente de hostigamiento contra el magisterio. ¿Normalidad educativa? Juan José Arreola señaló: “El maestro y la maestra deben ser dichosos: han consagrado mediante sus estudios y su título la profesión que todos ejercemos en la vida… La única autoridad que podemos consentir es la que se desprende de la capacidad, de la categoría intelectual” (La palabra educación, SEP70, pp. 119-121). Lo dicho: los movimientos sociales han sido acusados de disolución social, las masacres y desapariciones son autogeneradas, los pueblos indígenas se niegan al progreso, el magisterio a evaluarse; ¿estamos en la disputa por la idoneidad?