l cuarto acuerdo alcanzado entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se presenta hoy en La Habana, versa sobre las víctimas del conflicto armado que ha enfrentado a los firmantes durante más de cinco décadas y ha dejado una cauda incalculable de muerte, destrucción y sufrimiento en ese país sudamericano. Según los negociadores de ambas partes, el documento establece el derecho de las víctimas al esclarecimiento, a la reparación del daño y a la garantía de que la violencia que han sufrido no se repetirá.
El convenio estipula también los términos legales a aplicar a los responsables de delitos cometidos en el marco de la confrontación armada, para los cuales se definió en septiembre pasado una jurisdicción especial, o una justicia transicional
que otorgará beneficios a quienes admitan sus responsabilidades –tanto mandos y efectivos gubernamentales como insurgentes–, siempre y cuando no se trate de crímenes de lesa humanidad.
El asunto de las víctimas había sido particularmente espinoso para los negociadores, toda vez que obliga a ambos bandos a aceptar actos de procuración e impartición de justicia que afectarán a personas en activo y al resarcimiento para quienes han sufrido agresiones de diversa índole y dimensión durante el conflicto. Resulta significativo que varias delegaciones de víctimas han participado en la negociación de este cuarto acuerdo desde que se inició, en agosto del año pasado.
Previamente, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos lograron acuerdos en los temas de desarrollo rural y tierras, la inserción de la organización guerrillera en la política institucional y cultivos de sustancias ilícitas. Ahora, con las soluciones de consenso a la problemática de las víctimas, las negociaciones parecen entrar en su recta final, y si los sectores más recalcitrantemente belicistas del país no logran torpedearlas –como ha intentado hacerlo desde que comenzaron el líder más visible de ese bando, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez–, es probable que en el primer semestre de 2016 las partes se encuentren en condiciones de firmar la paz definitiva. Para ello aún se requiere de acuerdos para la desmovilización de la organización guerrillera y los mecanismos para refrendar los documentos de paz.
El proceso ha sido y sigue siendo ejemplar y ha enfrentado momentos peligrosos que habrían podido dar al traste con toda la negociación. Por fortuna, ambas partes han dado muestras de contención, sensatez y voluntad política y han logrado sobreponerse a situaciones de gran tensión; la más reciente de ellas, la captura de un soldado por efectivos de las FARC en la zona de San Vicente del Caguán, incidente que fue rápidamente superado tras la liberación del militar.
Cabe esperar, por el bien de los colombianos y de Latinoamérica en general, que el proceso pacificador salga avante y culmine lo antes posible. Ciertamente, ningún acuerdo de paz resuelve por sí mismo ni en automático los problemas de un país en guerra, pero en el caso de Colombia poner fin al conflicto armado es un requisito indispensable para instaurar la convivencia pacífica y democrática, la justicia social y el desarrollo económico.
