Señora Carmen Lira Saade, directora general de La Jornada:

Con relación a la nota de Claudia Herrera Beltrán publicada en primera plana en el medio informativo que usted dirige, nos permitimos señalar lo siguiente:

Primero.- Se trata de un solo bien inmueble, no de inmuebles como erróneamente refiere la nota periodística.

Segundo.- Respecto al hecho de que el bien inmueble se escriturara a nombre de un militante, le hago saber que dicho militante a título personal ejecutó una garantía prendaria a su favor por haber constituido un contrato de asunción de deuda en favor del PVEM. Lo anterior, dado que el deudor original de un contrato comercial con el Partido Verde no cumplió una obligación contraída con el partido, misma que fue cumplida al partido por dicho militante. 

Tercero.- Es absolutamente equivocado aludir que dicho bien debió escriturarse a nombre del partido. Esa es una interpretación a modo por parte de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, precisamente porque fue el militante quien a título personal asumió las obligaciones que fueron contraídas e incumplidas por el proveedor.

Cuarto.- Es totalmente falso que el Partido Verde no proporcionára la información requerida a la autoridad electoral durante todo este singularmente largo proceso, pues existen las constancias que acreditan lo contrario después de seis años de investigación, por la supuesta omisión de reportar un contrato en el informe anual de egresos ordinarios correspondiente al ejercicio 2009.

Quinto.- El Partido Verde argumentará lo anterior ante el Consejo General del INE y en su caso, recurrirá de nueva cuenta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que como lo ha hecho en 90 por ciento de los asuntos que ha resuelto el INE en materia de fiscalización, invalide dicha resolución y se esclarezca que el PVEM cumplió en todo momento con sus obligaciones.

Sexto.- Resulta particularmente ominoso que dichos actos jurídicos celebrados por el Partido Verde para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas por un proveedor, sean ahora señaladas como delito o acciones dolosas, pues tuvieron por objeto impedir algún posible daño patrimonial por dicho incumplimiento.

Séptimo.- De conformidad con la ley reglamentaria del artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al periódico La Jornada dar trámite al derecho de réplica que nos asiste en los plazos de ley, de manera gratuita y limitando su contenido a la información que la motivó, sin comprender juicios de valor, publicando el presente escrito íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

Respuesta de la reportera

Señora directora:

Como el Partido Verde Ecologista de México lo menciona en su carta, la nota se basa en los datos dados por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El viernes pasado hizo declaraciones al respecto el presidente de dicha comisión, Ciro Murayama, y también hay información que proviene del expediente de la investigación que data desde 2010.

Claudia Herrera Beltrán