La juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores (Fepade) contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Arturo Escobar, quien fue acusado de delitos electorales.

El juzgado decimoprimero de distrito de proceso penales federales, con sede en la ciudad de México, consideró que el Ministerio Público Federal (MPF) no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar y de los empresarios que apoyaron al PVEM en la producción y distribución de tarjetas Premia Platinum.

Después de que la decisión judicial trascendió al ámbito público, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, anunció que daría un mensaje a medios de comunicación; sin embargo, minutos antes de la una de la tarde –hora a la que había convocado– anunció la suspensión del encuentro con la prensa.

Hasta el cierre de esta edición, la Fepade, señalaron funcionarios de esa institución, no daría a conocer su posición, porque oficialmente el Ministerio Público Federal adscrito al juzgado de distrito no ha sido notificado y el plazo para ello vence hasta las 23:59 horas de este 9 de diciembre. Así que podría ser hasta este jueves que se vuelva a convocar a los medios.

En este caso, la Fepade comenzó una averiguación previa en contra de Arturo Escobar y de los empresarios y representantes de las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC, y Cards & Systems Solutions SA de CV, después de las denuncias presentadas por militantes de PAN y PRD, debido a que el PVEM distribuyó tarjetas Premia Platinum en las que identificaba a los destinatarios como afiliados a ese instituto político.

Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade empezó la investigación y determinó que había contrataciones y actos indebidos.

El día en que la Fepade consignó el expediente, el fiscal Santiago Nieto Castillo informó a un medio de comunicación y dijo que acusó al ex dirigente del PVEM porque él firmó los contratos en su carácter de representante legal del partido.

Nieto Castillo aseguró que en todos los casos la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, me instruyó para actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias hacia ningún partido político, y en razón de que mi ejercicio no es contra los institutos como instituciones, sino contra las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva.

Después de 10 días, el juzgado negó la orden de aprehensión a la Fepade y ahora el Ministerio Público Federal podrá apelar de la resolución judicial para que un tribunal resuelva en definitiva sobre los mandamientos judiciales, o bien la Fepade puede solicitar la devolución del expediente, perfeccionar las inconsistencias de su indagatoria y volver a consignarla con el propósito de obtener la orden de aprehensión.

Asimismo, a la Fepade le negaron los mandamientos que pidió contra el ex secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco; el presidente del PAN en ese estado, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado de Jorge Luis Preciado, Javier Jiménez Corzo, acusados del delito de fraude procesal.