l martes pasado, en los alrededores de la capital chiapaneca, el maestro Gemayel Ruiz murió en el curso de un enfrentamiento entre policías federales con profesores y estudiantes normalistas que intentaban bloquear el acceso a las instalaciones en las que se realizó en forma anticipada el examen de evaluación, prescrito por la reforma que fue aprobada a finales de 2012 y principios de 2013. La violencia dejó además un saldo de seis detenidos –tres mentores, dos estudiantes y un padre de familia– y varios manifestantes y policías lesionados. Ayer, miércoles, se produjo una nueva confrontación entre integrantes del magisterio disidente y fuerzas del orden, en el curso de la cual cinco uniformados fueron retenidos por los inconformes.

Aunque a la postre unos y otros fueron liberados, la tensión sigue creciendo ante la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de mantener a rajatabla la realización de la evaluación y la determinación del profesorado disidente de boicotear esas pruebas, que considera lesivas para sus derechos laborales adquiridos.

La crispación no se circunscribe a Chiapas. En Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz y otras entidades, la aplicación de las evaluaciones ha encontrado resistencias enconadas, y a tres años de la implementación de la reforma, éstas no muestran signos de amainar.

Parte del conflicto se debe a la forma equívoca y tramposa en que fueron presentadas las modificaciones legales motivo del descontento: en realidad, tales modificaciones no tienen el propósito de mejorar la calidad ni las circunstancias de la educación pública en el país, sino liquidar derechos laborales adquiridos por el gremio magisterial. Como señaló ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, la reforma apunta a modificar los métodos de contratación de los profesores y, cabe agregar, a recortar prestaciones y reducir su certeza laboral.

Otro defecto grave de las nuevas normas es que se legislaron sin tomar en cuenta la opinión de una parte del magisterio, que no se ha plegado a la sumisión sindical ante el gobierno que impera en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que contravino el principio de bilateralidad en los asuntos laborales.

En tales circunstancias, y a pesar de los reportes triunfalistas de la SEP, el conflicto se encuentra en un aparente callejón sin salida. Cabe, sin embargo, demandar a las partes que flexibilicen sus respectivas posturas y que emprendan una negociación a fondo y con voluntad política de alcanzar acuerdos.

Asimismo, es de esperar que los profesores descontentos actúen con máxima prudencia y contención en sus movilizaciones y que las autoridades reconozcan la necesidad de dar marcha atrás al menos en los puntos más exasperantes de la reforma comentada.

La tarea no es fácil, sin duda, pues requiere de nuevas modificaciones legales que deben ser previamente concebidas y acordadas con las distintas fracciones del Poder Legislativo. Con todo, resulta necesario revertir una ley que ha tenido consecuencias nefastas para la paz social y la gobernabilidad y cuyos beneficios en el terreno propiamente educativo no aparecen por ningún lado.