El senado aprobó ayer la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución, que concede al Ejecutivo federal la facultad de expulsar del territorio nacional a extranjeros que realicen actividades políticas, respetando el principio de legalidad y el derecho de audiencia.

Se destaca en el dictamen aprobado por 78 votos a favor, cuatro en contra y una abstención que el objetivo de la ley es armonizar la reforma de 2011 en materia de derechos humanos con los compromisos asumidos por México con la firma de tratados y convenios internacionales.

De igual forma, refiere que se trata de hacer procedimiento expedito, con plena garantía de audiencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Mismo que durará solamente 15 días naturales, desde que se dé cuenta del acuerdo del inicio del procedimiento y hasta su determinación; cuando haya una detención, sólo podrá durar 36 horas y deberá sustituirse por otras medidas cautelares cuando sea necesario.

También se precisa que desde el momento de la notificación del inicio del procedimiento, a la persona extranjera se le hará saber, mediante un acuerdo: la razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que dan lugar al mismo; el lugar, fecha y hora de la audiencia; el derecho que tiene para solicitar un plazo para preparar su defensa, siempre que no exceda del periodo previsto para fijar la fecha de celebración de audiencia.