La Cámara de Diputados devolvió al Senado la reforma a la Constitución en materia política del Distrito Federal, después de realizar ajustes que –se negoció entre los partidos– serán aprobados esta misma semana por los senadores.

El pleno de la cámara validó los cambios presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales para ampliar de febrero a marzo de 2016 el requisito para los candidatos independientes de no estar registrados en padrones de partidos políticos.

Asimismo, cambió la fecha para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la convocatoria para la elección de los diputados que formarán la asamblea constituyente.

En la minuta recibida del Senado se definió como límite la primera semana de diciembre y, como el instituto no cumplió, se cambió a 15 días después de la entrada en vigor de la reforma.

También se incluyó que además participen en el constituyente los respectivos suplentes de los 14 diputados federales y senadores.

El acuerdo con el Senado implica que esa cámara acepte las modificaciones antes de que concluya el actual periodo de sesiones, el próximo martes, para que se envíe a los congresos de los estados que forman el Constituyente Permanente para su ratificación este mismo mes, con la finalidad de que entre en vigor en los primeros días de enero.

Con esta reforma se prevé que cambie la denominación de Distrito Federal a Ciudad de México, aunque se mantendrá como sede de los poderes de la Unión y contará con su propio Congreso.

En la sesión de ayer, el eje de la discusión entre los diputados fue la integración del constituyente, porque 40 de sus 100 integrantes serán designados por el Presidente de la República, el jefe de Gobierno capitalino y las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Legisladores de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano (MC) reclamaron que el nombramiento de 40 por ciento del constituyente significa una injerencia no democrática.

El diputado René Cervera (MC) sostuvo que con ello se renuncia al diseño democrático que requiere la ciudad y resaltó que el método mixto de integración del constituyente no es democrático, lesiona el principio democrático y refleja el veleidoso acuerdo de los partidos de siempre.

Virgilio Caballero, vicecoordinador de Morena, consideró que la reforma le da continuidad al presidencialismo; se beneficia a (Enrique) Peña Nieto, al grupo que lo colocó en la Presidencia y a los partidos que controlan la mayoría en el Congreso. Se les otorga sobrerrepresentación.

Su compañero de bancada Vidal Llerenas alertó que la reforma no garantiza la autonomía presupuestal de las delegaciones y que la deuda pública de la capital quedará sujeta al aval y aprobación del Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados.

De tómbolas y dedazos

Ante las críticas, el perredista Arturo Santana preguntó qué método alternativo proponía Morena para elegir a los constituyentes, cuando ese partido designa candidatos por tómbolas, lotería y perinola.

En la tribuna, el vocero de Morena, Juan Romero Tenorio, respondió: Es más democrática la tómbola que el dedazo.

Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo de los chuchos del PRD, reconoció que la reforma surgió de un acuerdo político, palabra para algunos satánica, pero admitió enseguida que la enmienda no dará autonomía económica a la ciudad.

Federico Döring, del Partido Acción Nacional, ubicó el debate entre Morena y el Partido de la Revolución Democrática en una izquierda en conflicto; una izquierda más a la izquierda que tiene envidia de la otra que sí logró sacar la reforma que su rayito de esperanza no pudo cuando fue jefe de Gobierno.

Por la noche, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció el trabajo realizado primero por los senadores y ayer por los diputados de todas las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos y lograr el rediseño constitucional que permitirá a la ciudad de México definir con libertad su régimen interior y su organización político-administrativa en favor de los ciudadanos.

En un comunicado, el mandatario confió en que los senadores aprobarán a la brevedad y con la más alta prioridad el documento avalado ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro.