El gobierno quedará obligado, a partir del próximo año, a contratar 3 por ciento del total de sus plazas con personas discapacitadas o vulnerables, como portadores de VIH, ex presidiarios y otros grupos, según un acuerdo que firmarán las secretarías del Trabajo, Gobernación, Desarrollo Social y otra instancias.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo, adelantó que se establecerá una norma en este sentido y será obligatoria para las dependencias públicas, secretarías y organismos descentralizados. La disposición entrará en vigor en el primer trimestre de 2016.

En la entrega del distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, el funcionario explicó que en el caso de los ex presidiarios se está trabajando ya en un proyecto de modificación normativa, para que las personas que estén en esta condición, pero no hayan cometido delitos graves, puedan tener constancias de no antecedentes penales.

Estamos elaborando ese proyecto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se tendrá un cambio para que en delitos no graves, y una vez que las personas cumplan sus condenas y estén rehabilitadas, tengan la carta de no antecedentes penales, porque ese es un fenómeno real de discriminación laboral, planteó.

Sobre el esquema de apertura de plazas para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, dijo que para las empresas privadas no será obligatorio ni coactivo. Más bien se trata de dar un ejemplo para que lo sigan todos los patrones del país.

La población susceptible de ser contratada equivale a 3 por ciento del total de plazas, y estará sujeta a los ajustes presupuestales y esquemas de contratación eventual y formal, expuso.

En el acto en el que se entregó el distintivo a 449 empresas de todo el país (de 780 que se inscribieron, las cuales incluyeron a 6 mil 697 personas en un trabajo), el titular del Trabajo informó que se pactó con el Infonavit un acuerdo para que personas discapacitadas puedan tener acceso a un crédito a la vivienda, al cual se le dará seguimiento.

En otro tema, sostuvo que el hecho de que el presidente Enrique Peña haya enviado al Senado la propuesta para la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de libertad sindical, es una buena noticia y da pauta para hacer a la legislación mexicana los ajustes que requeridos, que propicien la existencia de sindicatos fuertes y no contratos de protección.