El gobierno federal pondrá en marcha programas de supervisión y auditoría a estados y municipios para verificar que los recursos que reciben para labores de seguridad pública se apliquen a los rubros prioritarios, como las unidades antisecuestro, revelaron el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín.

La funcionaria aseguró que la estrategia federal ha funcionado y se está dando apoyo eficaz a los gobiernos de los estados, pero lo que estamos haciendo es verificar, ante el cúmulo de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobierno federal tiene el compromiso de seguir proporcionando los recursos, pero aún más, verificar que ese dinero llegue a su destino. Reveló que en el caso concreto de las unidades especializada de combate al secuestro, se verificará que tales recursos se reciban y se apliquen a tal fin. Esperamos que en aproximadamente dos meses empecemos con los programas de supervisión y auditoría a los recursos proporcionados a las unidades.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, independientemente de las irregularidades en el gasto, la incidencia delictiva, al menos la de mayor impacto social, tiene una importante tendencia a la baja, aunque hay entidades cuyo comportamiento en homicidios o secuestros impacta en la percepciones de violencia.

Según datos oficiales, el homicidio doloso ha caído casi 40 por álgido de la violencia durante el sexenio calderonista, al pasar de 18.1 por cada 100 mil habitantes a 10.45 en este año. No obstante, en homicidios Guerrero tiene por ejemplo una tasa cuatro veces mayor, con 41.59, y Chihuahua 20.7, el doble de la media nacional.

Sales Heredia dijo que en cuanto a operatividad, no hay disminución de recursos para el subsidio a la seguridad de los municipios: el dinero se mantiene y se está verificando el cumplimiento de los compromisos para garantizar que lo que esté comprometido sea erogado sin problemas.

Sobre las irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a seguridad pública, Erubiel Tirado, especialista en el tema con grado de maestro en ciencias por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, señaló que “la fiscalización que realiza el Congreso es ineficiente del todo, porque una vez que se entregan los recursos, los estados y municipios tienen la posibilidad de no darles el destino para el que fueron aprobados.

“El esquema de fiscalización es a ejercicio pasado, ya que es hasta un año después que se puede verificar el cumplimiento de los objetivos, con lo que se pierde la posibilidad de hacer responsables a quienes tuvieron la responsabilidad de utilizar los recursos.

Si existe una disminución de los índices delictivos, es posible que el gobierno federal esté focalizando los objetivos y acciones contra la delincuencia, aunque eso no significa que sea una estrategia eficiente, y también cabe la posibilidad de que las cifras estén manipuladas, señaló.

Guillermo Garduño Valero, investigador en seguridad nacional, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa) y experto en seguridad nacional y fuerzas armadas, coincidió en que existe la posibilidad de que las estadísticas gubernamentales hayan sido alteradas.

Mencionó que en muchos casos se puede considerar que los recursos que se entregan para invertir en tareas de seguridad pública en realidad se convierten en pagos a los grupos de la delincuencia organizada mediante transferencias disfrazadas, y con ello efectivamente disminuyen los índices delictivos, porque los delincuentes cuentan con dinero y no impactan a la sociedad.

Estadísticas oficiales

A pesar de las inconsistencias en el ejercicio de las partidas de fondos federales por parte de estados y municipios, la tendencia delictiva va a la baja en lo general, aunque hay entidades donde se dispara sustancialmente.

En materia de homicidios dolosos, por ejemplo, el máximo alcanzado en el pasado reciente fue en 2012, cuando se registraron 21 mil 736, según las cifras oficiales, para reducirse a 15 mil 653 en 2014 y 12 mil 644 a septiembre de 2015. Sin embargo, las tasas a escala estatal se disparan: en Yucatán es sólo de 1.75 y en Aguascalientes de 2.56, muy lejos de Guerrero, que registra más de 20 veces más.

Por lo que hace al secuestro, otro delito de alto impacto social, la tendencia ha ido a la baja: el máximo se alcanzó en el primer año de este sexenio, con mil 683, y a septiembre de este año, con nuevas estrategias para abatirlo, la cifra se ubica en 770.

Sin embargo, es un delito de alta concentración, pues en ese año, en seis entidades ocurrieron casi 70 por ciento de los plagios: Tamaulipas, 171; estado de México, 117; Veracruz, 72; Guerrero, 62; Tabasco, 59, y Distrito Federal, 36.