Entre 2013, 2014 y lo que va de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) ha integrado al menos 206 investigaciones contra empresarios, comerciantes, activistas sociales y actores políticos por supuestas actividades vinculadas al lavado de dinero.

La mayoría de las pesquisas están sustentadas en la misma hipótesis que se imputa a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, presa desde febrero de 2013, informaron funcionarios de esa dependencia.

Para realizar las acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo la modalidad imputada a la ex dirigente magisterial, el Ministerio Público Federal sostiene que puede incurrir en lavado de activos aquella persona que obtenga recursos económicos o bienes (muebles o inmuebles) de procedencia lícita, pero el dinero que pueda obtener por la venta, enajenación o depósito de los mismos se vuelve ilícito al momento en que el presunto responsable usa dolosamente las instituciones financieras o bancarias para fines distintos al destino original que tenía la fuente de dichos recursos y/o bienes.

El artículo 400 bis del Código Penal Federal no incluye dicha hipótesis, que ha servido a la PGR para mantener varios años en prisión a Gordillo Morales y a otros actores políticos, como Andrés Granier (ex gobernador de Tabasco), o para librar una orden de aprehensión contra empresarios, como Gastón Azcárraga, ex accionista de Mexicana de Aviación, quien se encuentra en Estados Unidos enfrentando un procedimiento migratorio con miras a ser enviado a territorio mexicano.

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

Sin embargo, los fiscales y las autoridades de Hacienda y de la PGR han argumentado ante los juzgados y tribunales mexicanos que su base jurídica de imputación está amparada en el contenido de 40 recomendaciones que ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional, del que México es miembro activo desde 2000, como cuidar que las entidades financieras no se presten o sean utilizadas dolosamente para el lavado de activos, entre otras.

En su edición del pasado martes, La Jornada publicó la opinión de Alberto del Castillo del Valle, Jesús Alberto Guerrero Rojas y Heraclio Bonilla Gutiérrez, abogados constitucionalistas y especialistas en derecho penal, quienes consideran que la PGR viola la Carta Magna y tuerce el artículo 400 dis del Código Penal Federal para mantener en prisión a Gordillo Morales.

La mayoría de las indagaciones se realizan en la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradiría de Delitos Federales, y otras tantas en la unidad antilavado de dinero de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ambas instancias dependientes de la PGR.

A decir de los funcionarios de la procuraduría, quienes pidieron no mencionar sus nombres, durante 2013 la dependencia federal integró un total de 84 averiguaciones previas, cifra que superó en 34 por ciento los casos registrados en 2012 (último año del sexenio del ex presidente Felipe Calderón), mientras en 2014 se iniciaron 57 casos por presunto lavado de dinero, y en lo que va de 2015 abrió al menos 65 indagatorias por ese delito, que es grave y no permite la libertad provisional bajo fianza.

El 17 de noviembre de 2014, entrevistado después de participar en un foro legislativo, el director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías Beltrán, informó que con la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre 2013 y 2014 se habían presentado 141 denuncias penales por presunto lavado de dinero.

El funcionario dijo en esa ocasión que el paquete de reformas financieras aprobado en ese año por el Congreso de la Unión, junto con la legislación en materia de lavado de dinero, ha generado mayor efectividad en el seguimiento de este delito.