a visita de Estado del presidente de Cuba, Raúl Castro, a México tuvo como principal objetivo relanzar la maltrecha relación política bilateral y ampliar los nexos económicos y de cooperación. Después de tres lustros de ásperos desencuentros, causados por el extravío de la diplomacia mexicana a partir de la supeditación de la cancillería a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y una proyección dogmática y fundamentalista de la ideología del mercado total al ámbito de la política exterior, el aggior namento de las relaciones parece estar sustentado en la recuperación de principios básicos, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el diálogo, la negociación, la solución pacífica de las controversias, la cooperación y el intercambio entre gobiernos que mantienen grandes diferencias ideológicas.

El rencuentro ocurre cuando Cuba es cortejada por decenas de gobiernos y empresas que quieren hacer negocios en la isla, y en momentos que México ha perdido peso diplomático en la región, tras su asimilación al espacio geopolítica bajo el control económico y militar de Estados Unidos, país que, a su vez, bajo la administración de Barack Obama ha iniciado una política menos confrontacional con la isla, no preñada de obstáculos y renovadas formas de intervencionismo.

A partir de la ley de inversiones extranjeras que entró en vigor en 2014 y del proceso de actualización del modelo económico-social aprobado en el congreso del Partido Comunista de Cuba, que reafirma la intención de continuar por la vía del socialismo, empresarios mexicanos se han mostrado interesados en hacer negocios en la isla.

A comienzos de la semana pasada, durante la Feria Internacional de La Habana (Fihav), Cuba presentó una cartera de negocios que incluye 326 proyectos para captar inversiones extranjeras en 12 sectores de su economía considerados prioritarios; sobresalen turismo (94), petróleo (86) y el sector agroalimentario (40). Del total, 20 proyectos se ofrecen en la zona franca en construcción en el megapuerto de Mariel. La feria contó con la presencia de 68 empresas mexicanas. Este año, el comercio bilateral rondará los 500 millones de dólares, lo que convierte a México en el sexto socio comercial de Cuba.

Los vínculos económicos y comerciales entre México y la isla se vieron entorpecidos por una serie de leyes estadunidenses aplicadas contra países considerados hostiles. Entre ellas destacan la Ley Torricelli, de 1992, y la Ley Helms-Burton, de 1996, que se sumaron a otras como la Ley de Comercio e Intercambio contra el Enemigo, vigente desde 1917 y que Washington ha aplicado por más de 50 años contra Cuba, y la Ley de Asistencia Exterior de 1961.

Las leyes Torricelli y Helms-Burton instauraron un entramado normativo para justificar su extraterritorialidad al margen de los convenios internacionales, imponiendo sanciones a compañías subsidiarias estadunidenses en terceros países que concretaran transacciones comerciales con Cuba, pero también contra cualquier empresa no estadunidense, que puede ser sometida a represalias legales y sus ejecutivos impedidos de ingresar al territorio de Estados Unidos.

A finales de 1992, el embajador estadunidense en México, John Dimitri Negroponte, presionó a Lorenzo Zambrano, de Cementos Mexicanos (Cemex), y a empresarios de Monterrey, entre ellos Mauricio Fernández Garza y Danny Tafich, quienes estaban en proceso de formación, junto con el Estado cubano, de la empresa mixta International Textil Corporation.

Incluso antes de entrar en vigor la Ley Torricelli, su espíritu extraterritorial fue adoptado por el hotel María Isabel Sheraton de Paseo de la Reforma 325, que canceló un contrato al Instituto Nacional de Turismo (Intur) de Cuba. En rigor, y más allá de la cólera del entonces canciller Fernando Solana, quien afirmó que Estados Unidos no iba a pasar por arriba de las leyes mexicanas, el affaire Sheraton fue considerado un “caso test”. México volvía a ser el conejillo de Indias donde la Casa Blanca y el Capitolio experimentaron la extraterritorialidad de las leyes intervencionistas estadunidenses. En 1993, también la empresa llantera Goodyear se ceñiría a la Ley Torricelli, en abierta violación de las leyes mexicanas que regulaban el comercio.

El caso Sheraton provocó una fuerte protesta diplomática cubana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero quedó sin solución. El caso Goodyear siguió el mismo camino. En aras de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), las posiciones principistas de la entonces cancillería de Tlatelolco cayeron en saco roto y nunca se retomarían.

A partir de 2001, ya con Vicente Fox en Los Pinos, el territorio mexicano pasó a ser una de las rutas del dinero para la subversión en Cuba. La estrategia desestabilizadora de la administración Bush y la Fundación Nacional Cubano Americana, que contó con el aval de sectores conservadores del Partido Acción Nacional, tuvo como principal operador al entonces canciller Jorge G. Castañeda y su equipo de colaboradores, apodado en Tlatelolco el consenso de Washington (Enrique Berruga, Arturo Sarukhán, José Zabalgoitia, Juan Manuel Gómez Robledo, Alicia Buenrostro y Jorge Lamónaco), por el pragmatismo pro estadunidense a ultranza que practicaban. Con Castañeda, México se consolidó como cabeza de playa de grupos terroristas anticastristas y de los intentos estadunidenses por derrocar a Fidel Castro.

Fox, Castañeda y Bush fracasaron. Cuba, a su vez, impulsó nuevas alianzas y esfuerzos de unidad e integración regionales y forzó a Barack Obama a un cambio de política. Ahora, en su visita a Mérida −la primera de un mandatario cubano desde 2002, cuando Fidel Castro fue agraviado en el famoso incidente del comes y te vas−, Raúl Castro tuvo como interlocutor a un exponente subordinado del capital trasnacional, Enrique Peña Nieto, quien, pese a aplicar sendas políticas de represión y despojo en México, busca relanzar el diálogo político con la isla por razones de conveniencia mutua.