La obtención de su acta de nacimiento como sindicato les llevó más de seis años de lucha, de tocar decenas de puertas; sin embargo, las negativas jurídicas no impidieron que los jornaleros agrícolas de San Quintín lograran su objetivo en la ciudad de México.

Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF), aclaró que esta instancia tiene facultades para otorgarles el registro, pues existe un criterio en términos de que si los sindicatos o agrupaciones lo solicitan a nivel nacional o con denominación nacional, las juntas estatales están obligadas a darlo, siempre y cuando haya una competencia local.

Tal situación se concreta en el momento de incorporar a trabajadores agrícolas de Xochimilco, quienes realizan la misma actividad, con lo que se reúnen los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como es contar con un estatuto, realizar una asamblea en la cual se realice una elección de comité directivo y presentar la documentación requerida, indicó.

La funcionaria destacó en entrevista que este registro les otorga certeza jurídica y pueden emplazar la titularidad de contratos colectivos de trabajo, aunque será una lucha, porque la mayoría los tienen la CTM y CROC, pero ya dieron un gran paso con la constitución del sindicato, pero no es el último, pues tienen ante sí el reto de luchar por el reconocimiento de sus derechos laborales y humanos.

La violación de esos derechos los llevó, en marzo pasado, a realizar una serie de manifestaciones, situación que atrajo la atención del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes se comprometieron a buscar la vía ante el gobierno federal para que fueran tomados en cuenta.

Ellos fueron los gestores y quienes los asesoraron para agrupar no sólo a trabajadores de Baja California, sino de Xochimilco, para lograr el registro, lo cual no es una cuestión federal, porque existen tesis aisladas emitidas por los tribunales colegiados y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece la competencia local, la cual aplicamos, precisó Rojas.

El sindicato, detalló, arranca con 28 trabajadores, pues no existe un mínimo por ley para obtener el registro, el primero otorgado por la junta número 19, de reciente creación, que tiene radicados unos mil 500 asuntos de diversos temas; la decisión sienta un precedente en la materia para que otros trabajadores del país lo busquen.

No obstante, procederá cuando se tengan trabajadores que realicen la misma actividad en la ciudad, dijo, al señalar que los jornaleros podrán realizar una demanda de titularidad de un contrato colectivo en Baja California o aquí, sin que ellos signifique asesoramiento o acompañamiento.