La defensa jurídica y familiares de los líderes magisteriales de Oaxaca detenidos la semana pasada acusaron que el proceso contra los profesores viola sus derechos fundamentales, y que han sido víctimas de tortura física y sicológica desde su detención.

El abogado Héctor Galindo Gochicoa indicó que ya promovieron un amparo porque a los maestros se les mantiene incomunicados, además de que se les impuso un defensor de oficio y se ha impedido a sus abogados particulares tener acceso a los procesos penales, lo que violenta el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.

Expresó que testigos refieren que los profesores Roberto Abel Jiménez García, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus fueron detenidos sin órdenes de aprehensión ni identificación de los elementos que cumplimentaron esta acción.

Acusó que antes de su captura, habían tenido sus teléfonos intervenidos, vigilancia constante en su domicilio, amenazas vía telefónica y seguimiento policiaco y parapoliciaco. Mencionó que a Jiménez García se le bloqueó su cuenta de nómina “por parte del Banco Santander y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con el argumento de que pertenece a la sección 22 y que esta organización sindical ‘financia movimientos armados’, señalamiento que hasta el momento no ha sido comprobado”.

También informó que tras las aprehensiones, los familiares de los profesores se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para buscarlos, donde la persona que los atendió se negó a identificarse y sólo les informaron que ellos no tenían a ningún detenido con esos nombres y características.

Ante el riesgo fundado de una posible desaparición forzada de personas es que presentaron un amparo, radicado en el juzgado quinto de distrito, con sede en Oaxaca, en el cual mencionaron, además de lo ya citado, el traslado de los detenidos a una penitenciaria fuera del estado. La defensa jurídica acusó que hubo dilación de ese juzgado para pronunciarse sobre esto último, lo que generó un daño de difícil reparación en contra de los profesores.

Apuntó que hasta el sábado 31 –tres días después de la aprehensión– los familiares de Orozco Matus y Jiménez García pudieron hablar con ellos, y los de Picaso Pérez y Othón Nazariega hasta un día después; en los testimonios todos refieren haber sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura sicológica y física.

En el caso de Orozco Matus, Galindo explicó que hasta este miércoles se le tomó declaración, y para nosotros eso es un secuestro del Estado.

Coalición trinacional exige frenar la campaña de difamación

Integrantes de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública entregaron ayer una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto donde le exigen el cese de la represión contra los profesores disidentes y demandan la liberación de los mentores detenidos el pasado 29 de octubre.

En el Palacio Nacional, Sara Unda, integrantes de dicha coalición, y Antonio Vital, de la Alianza de Trabajadores de la Salud, manifestaron su indignación por el encarcelamiento de quienes, haciendo uso de su derecho a la protesta, se opusieron a la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2012.

En la misiva, el colectivo –que agrupa a activistas de México, Estados Unidos y Canadá– pide al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, detener la campaña de difamación, intimidación y hostigamiento laboral contra los maestros.

(Con información de Blanca Juárez)