Un juez federal dictó auto de formal prisión a dos líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por presuntamente participar en actos vandálicos y robo de libros de texto gratuitos, por lo que ya son cuatro los maestros de primaria de Oaxaca que enfrentan proceso.

El juez Carlos Alberto Sosa López, del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, empezó este jueves un juicio contra Othón Nazariega Segura y Efraín Picaso Pérez, por delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, y robo agravado. En virtud de que este último es grave, ninguno de los inculpados tiene derecho a la libertad provisional bajo caución y llevarán su juicio internados en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El pasado 29 de octubre, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) capturaron a cuatro integrantes de la sección 22 del CNTE en Oaxaca por daños ocasionados a instalaciones federales durante los últimos meses.

Ese día, la PGR detalló en un comunicado que fueron aprehendidos Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes fueron puestos a disposición de los diferentes jueces de las causas.

La dependencia imputa a los detenidos la violenta toma de la junta distrital en Tehuantepec y de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, y el Centro de Distribución y Almacenamiento El Tule, en la capital del estado.

También los acusa de vandalismo contra la instalaciones de la octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca y el robo de 10 mil libros de texto gratuitos, propiedad de la Secretaría de Educación Pública.

En particular, Orozco Matus fue detenido con base en una orden de aprehensión librada por los delitos de motín, daño en propiedad ajena contra el consumo y riqueza nacional, y por su implicación en la toma de la junta distrita y de la refinería de Pemex.

A Nazariega se le acusa de robo agravado contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, por el robo de los libros de texto y los desmanes en las instalaciones militares. A Picaso se le imputa el delito de robo por la sustracción de los libros.

La PGR precisó desde ese día que en el caso de Jiménez García se le cumplimentó una orden de aprehensión por delitos del fuero común, aunque no precisó cuáles.