Tras el diferendo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el diagnóstico que tienen sobre el problema de la violación a las garantías individuales en el país, el secretario ejecutivo de este organismo, Emilio Álvarez Icaza, consideró ayer que no debe hacerse un debate sobre dichos análisis. Pero sí tiene que escucharse a la comunidad internacional, pues los problemas en esta materia requieren una aproximación para su solución y no su negación.

Destacó que diversas instancias internacionales especializadas en temas de derechos humanos, como el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y la propia CIDH, tienen un diagnóstico compartido sobre lo que sucede en México.

Entrevistado después de participar en la conferencia La política migratoria mexicana hacia Centroamérica, resaltó que hay un fenómeno de apertura de México. La comisión estuvo en el país porque se le permitió la entrada y el grupo de especialistas está trabajando en el caso de Ayotzinapa, porque hay un acuerdo.

Esas son señales de apertura y colaboración muy importantes. Puede haber diferencias en el diagnóstico, pero lo fundamental es que el Estado mexicano reciba estos instrumentos haciéndose cargo de lo que de ahí se deriva.

Dijo esperar que en los próximos seis meses que estará trabajando el grupo en el país, se pueda continuar con la asistencia técnica al Estado en materia de los hallazgos del informe del pasado 6 de septiembre.

En caso de que las autoridades de México quieran que los especialistas investiguen e informen sobre el lugar donde habrían sido incinerados los normalistas de Ayotzinapa, lo tendrían que platicar con ellos, expuso.