Especialistas en temas de pobreza, que integran la Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática entregaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política un paquete de propuestas para que las incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, con el propósito de combatir ese flagelo en crecimiento.

“La iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ubica la pobreza ni la desigualdad como prioridad (…) de modo que si la legislatura anterior será recordada por el cúmulo de reformas estructurales, quisiéramos verlos a ustedes como la legislatura que impulsa la agenda de justicia social, de derechos humanos y de combate a la impunidad y la corrupción.”

Mauricio Merino, ex consejero electoral, dio lectura a las seis principales propuestas del citado grupo. La primera referente a que el padrón de pobres que elaboran las dependencias federales sea abierto para el conocimiento de la sociedad, con el propósito de generar información transparente sobre el destino de recursos y programas.

“Contar con un padrón único, como ordena la Ley General de Desarrollo Social. El PEF 2016 puede incluir el mandato del Ejecutivo Federal de establecer la obligación de que los programas sociales trasparenten el destino y aplicación de los recursos en formato de datos abiertos.

Aplicar el padrón único para los programas sociales de transferencia en efectivo y en especie, así como para aquellas de subsidios a las personas y los hogares.

No obstante que el PEF 2016 se encuentra ya en proceso final de elaboración –y resultará casi imposible que la autoridad hacendaria permita cambios como los sugeridos, se manifiesta cierta bondad en el listado de propuestas, como liberar el salario mínimo a partir del próximo año, con un monto de 87 pesos, y que ello permita hacer frente a las condiciones económicas del país.

Sugiere invertir un porcentaje de los remanentes del Banco de México –no sólo para el pago de deuda anticipada– al combate a la pobreza y la desigualdad; reducir los privilegios en prestaciones de los actores políticos para impedir que reciban aguinaldos y prestaciones extraordinarias, como las que actualmente se les otorgan; garantizar el derecho a la salud para todos, porque a la fecha, 20 millones de personas no tienen acceso a esos servicios, y concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción.

Quien de plano asumió la complejidad de aplicar una iniciativa así en el PEF 2016 fue Jesús Zambrano, presidente en turno de la San Lázaro: requerimos necesariamente el acompañamiento del Ejecutivo y del gobierno federal, porque particularmente todo lo que tiene que ver con la configuración del paquete económico es una responsabilidad compartida.

Y con un discurso farragoso, el coordinador del PRI, César Camacho, solicitó permiso a los promoventes del documento para llevarlo a la Junta de Coordinación Política.