Si bien las amenazas en el ciberespacio hacen evidente la necesidad de contar con instrumentos que inhiban la comisión de delitos en la red, su regulación no debe inhibir ni la libertad de expresión ni la autodeterminación en la gestión digital, señaló Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La libertad de expresión es algo que ha costado mucho, y en este terreno no puede haber ni un paso atrás, añadió.

Entrevistado a propósito de la polémica desatada tras la iniciativa del senador priísta Omar Fayad para castigar los ciberdelitos, Acuña reconoció que hay una gran complejidad en este ámbito, porque se trata de un tema que camina por un hielo muy delgado: censura y regulación, dentro de un ámbito cuya complejidad no ha podido ser discernida ni en México ni en el mundo. Todos las democracias avanzadas que han intentado esta regulación se han encontrado con la oposición a muchos sectores, por las muchas implicaciones que tienen a la libertad de expresión.

En este sentido, destacó que es inadmisible que en un Estado democrático se pretenda impulsar una regulación que reduzca o amenace la libertad de expresión y pensamiento.

Es un tema tan polémico que aun bajo el supuesto de que se impulse bajo las mejores intenciones, genera reacciones adversas, como las desatadas contra llamada ley Fayad.

La propuesta del senador ha sido vista por algunos sectores como algo grave y delicado, y una presumible intromisión en las libertades, como lo hizo China, indicó.

No obstante, para Acuña es necesario también abordar la otra faceta de Internet, aquella que ha favorecido la irrupción de la delincuencia en el ciberespacio, en temas como el robo de identidad o la clonación de tarjetas de crédito, que tienen un enorme impacto económico y que no se puede soslayar.

Si bien hay que asumir la defensa de las libertades, dijo, está claro que se requiere un amplio debate sobre los otros temas que constituyen una amenaza en esta era digital, particularmente por el carácter internacional que tiene el acceso a la red, que dificulta su regulación.

“Es una necesidad urgente, porque no podemos estar ajenos a esta problemática. Se trata de impulsar debates plurales en un tema frontera donde participen especialistas en nuevas tecnologías, pero también desde una perspectiva humanista de la defensa de las libertades.

Sería un debate que involucraría, entre otros actores, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a las universidades, al Inai, entre muchos actores, precisó.

Se trata, agregó, de dotar a los legisladores de información desde todas las perspectivas y que les permita ponderar las aportaciones científicas, sociales, académicas y tecnológicas.