El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre asesinatos y violaciones de derechos humanos de periodistas en México confirma no sólo la situación que desde hace tiempo diversos organismos nacionales e internacionales han denunciado, sino también una larga serie de omisiones de los gobiernos federal y estatales, afirmó Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC.

Especialista en el tema, dijo que dentro de los riesgos que implica el ejercicio periodístico en México hay entidades y regiones donde este peligro se acentúa todavía más, como es el caso particular de Veracruz, entidad donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen contabilizados 16 homicidios de periodistas y cuatro desapariciones entre 2000 y 2015.

Dijo que los datos contenidos en el informe de la CIDH, que señalan a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, corroboran las denuncias que desde diversos sectores se han hecho sobre el tema desde hace varios años.

Pero consideró que esta situación, donde uno de cada tres homicidios de comunicadores documentados en América Latina en los últimos cinco años ocurre en México, es resultado de una sumatoria de diversas realidades, donde privan las ‘‘deficiencias institucionales’’ y la impunidad.

Precisó que estas deficiencias se dan, entre muchos otros factores, porque las diferentes corporaciones policiacas no saben investigar, pues nunca lo han hecho; su método es esencialmente derivado de testimonios arrancados sobre todo por tortura. Y en los casos que se llegan a resolver hay una enorme desconfianza de la ciudadanía.

Cortez destacó el convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal de Veracruz, y la emisión de la ‘‘alerta para la protección de periodistas’’, que incluye 13 acciones específicas para garantizar la seguridad de los comunicadores y el respeto a la libertad de expresión, firmado ayer mismo en Xalapa.

Esta alerta fue solicitada desde el pasado 10 de septiembre por una docena de periodistas veracruzanos ante el clima de hostigamiento presente en la entidad contra los comunicadoress y la libertad expresión.

La medida forma parte de las atribuciones del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde los gobiernos federal y estatales están obligados a ‘‘implementar medidas de prevención’’ y éstas deben servir para ‘‘diseñar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones’’.