l documento de la OCDE sobre el sistema de pensiones es técnico-ideológico. Es técnico porque hace alarde de todos los métodos actuariales que son de difícil comprensión para el público. En rigor, son sólo estimaciones con base en premisas sobre el crecimiento económico y de los salarios, la inflación, la esperanza de vida, etcétera. Es ideológico porque pretende justificar una segunda reforma del sistema pensionario sin cuestionar el modelo económico neoclásico-neoliberal que es el problema de fondo.
Este modelo depende de un crecimiento lento para que no se dispare el déficit externo, lo que impide la creación de empleo formal con salarios remunerativos. Con datos de la misma OCDE, la informalidad alcanza a 51.4 por ciento de la población económicamente activa y sólo 6.7 por ciento gana más de cinco salarios mínimos o 123 mil pesos anuales. Compare este dato con la absurda propuesta del Cinsar de ahorrar 100 pesos diarios. Otro indicador usado es la densidad de cotización
que revela que los trabajadores cotizan al fondo de pensiones 3.8 de cada 10 semanas en promedio y 48 por ciento sólo cotiza una de cada 10 semanas, ilustración contundente de la precariedad del empleo. También descubre
que la pensión futura, en el mejor de los casos, será entre 30 a 40 por ciento del último salario, tal como fue demostrado en 1995 cuando se aprobó la reforma del Instituto Mexicano del SEguro Social (IMSS). Y ahora José Ángel Gurría, quien fue secretario de Hacienda en la administración de Ernesto Zedillo y corresponsable de aquella reforma, viene a corregirla por injusta y económicamente insostenible
.
¿Qué busca la propuesta de reforma?
Básicamente la reforma pretende disminuir el costo para el erario federal del sistema de pensiones. Propone eliminar el derecho legal de acogerse al sistema anterior de pensiones introduciendo el mecanismo de prorrata; uniformar hacia abajo la pensión garantizada entre el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); incrementar las contribuciones al sistema; aumentar y flexibilizar la edad de jubilación e incrementar las semanas obligatorias de cotización, y hacer obligatoria para los trabajadores independientes una cotización para su pensión, entre los puntos más importantes.
El costo para el erario federal de las reformas del IMSS de 1995/97 y del Issste de 2007 se compone de tres partes. Primero, se aprobó en ambos casos que los trabajadores podrían optar por el viejo sistema si cotizaban al entrar en vigor las nuevas leyes con cargo al gobierno federal. Segundo, el gobierno federal garantizaría una pensión mínima de un salario mínimo en el caso del IMSS o cerca de dos salarios mínimos en el caso del Issste. Tercero, el gobierno incrementó su aportación al sistema con una cuota solidaria
fija. Este es el contexto y razón de las medidas propuestas que afectarían los derechos de los trabajadores del sector privado y en mayor medida de los trabajadores públicos.
La propuesta de prorrata eliminaría el derecho de acogerse al sistema anterior a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva reforma. Se calcularía el monto que correspondería al viejo sistema y se añadiría el monto depositado de allí en adelante en el fondo individual del trabajador para determinar el monto de la pensión. Además, se establecería una nueva pensión mínima, correspondiente a la del IMSS, para bajar el costo del gobierno.
Como no sería suficiente se incrementaría además la contribución del trabajador y eventualmente del patrón para lograr un mayor ahorro individual y pasar una parte del fondo de Infonavit a la pensión. A ello se añade la intención de establecer una edad mayor y creciente año con año para tener derecho a la pensión, justificada por el riesgo de sobrevivencia
, o sea para compensar el incremento en la esperanza de vida. ¡Nótese que en la jerga técnica más años de vida es un riesgo, no un beneficio!
La propuesta también contiene una confusa discusión sobre una pensión para los adultos mayores que no han cotizado al sistema de pensiones, pero sólo para los comprobadamente pobres. O sea, no se trata de una pensión universal como la del Distrito Federal que, según la OCDE, debería desaparecer. Se plantea que cualquier cotización que hubiera hecho la persona sería recogida por el gobierno federal. De allí la importancia de hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes.
La OCDE también hace recomendaciones sobre la regulación e inversiones de los Afore y seguros de pensiones para hacerlos más competitivas, pero con mayores riesgos de pérdidas o minusvalía de los fondos.
Surgen muchas dudas sobre la legalidad de la propuesta de la OCDE, pero queda claro que una vez más los perdedores serían los trabajadores.
