uego de una tardanza que se prestó a diversas especulaciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, informó de manera oficial a Enrique Peña Nieto que hay una doble vacancia definitiva, correspondiente a los asientos que el último día del mes en curso dejarán de ser ocupados por Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

A partir de este momento procesal ya cumplido, corresponde al principal habitante de Los Pinos proponer ternas para que de ellas escoja el Senado a los sustitutos. El asunto no toma por sorpresa al grupo en el poder, pues desde agosto del año pasado se había prefigurado la jugada que llevaría a Raúl Cervantes Andrade a pintar aún más de gobiernismo priísta a la mencionada Corte. Cervantes pidió licencia a la senaduría desde la que había hecho sus mejores esfuerzos técnicos y políticos para impulsar las reformas estratégicas deseadas por Peña Nieto.

El remiendo político mostró sus puntadas de inmediato: Cervantes dejaba el escaño para integrarse a tareas académicas en la siempre hospitalaria UNAM, pero no por afecto a esas tareas y a esta institución, sino como coartada para hacer pasar cuando menos un año sin presencia partidista y así estar en condiciones de ser electo ministro de la Corte. Pero se le atravesó una campaña ciudadana que exigió que en estos relevos no haya cuotas ni cuates (Cervantes es cuate de Peña Nieto, pero, además, es familiar del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Andrade), y entonces se olvidó de sus afanes académicos, demostró la condición desechable de la UNAM y regresó al Senado de las uvas verdes, de donde probablemente será rescatado en momentos de menos atención a su persona para ocupar algún otro cargo ejecutivo de compensación.

Pueden cambiar los nombres y los apellidos, pero no la intención, así que el peñismo se apresta a proponer nuevos aspirantes a la Corte que consoliden el dominio faccioso del grupo priísta en el poder, con indicios de que se busca impulsar a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, nacida en la ciudad de México el 29 de enero de 1963, con amplia carrera judicial pero, sobre todo, con una amplia hoja de servicios (pero, ¡por supuesto!) en el estado de México, donde fue subprocuradora de justicia y subsecretaria de asuntos jurídicos, con una notaría pública (la 169), y donde fue magistrada de circuito con sede en Toluca.

En el clásico reparto de rebanadas del pastel, la posición del PRI sería avalada por el PAN, que a su vez busca su propia cuota. Ya Santiago Creel dijo que declinaba cualquier posibilidad si ello implicaba tales negociaciones partidistas. Pero se habla, en el colmo de la desfachatez, de la posibilidad de que la porción panista sea asignada a Fernando Gómez Mont, quien junto con Diego Fernández de Cevallos constituye la más alta expresión de la deplorable fusión de intereses litigantes con cargos públicos que convierten en dorados los despachos de esos expertos en simulaciones jurídicas y en consecución de aceitados fallos favorables a sus intereses. En otro despropósito, se habla de beneficiar a Germán Martínez, quien fue pieza de Felipe Calderón en el mando del PAN.

Es absolutamente creíble que el empresario de origen argentino (al que en su patria llaman el mexicano) Carlos Ahumada haya participado en las andanzas criminales que ahora le adjudica Sidronio Casarrubias, el jefe del grupo denominado Guerreros unidos que está bajo dominio de la Procuraduría General de la República. A la larga cauda de implicaciones en hechos delictivos de Ahumada ahora se ha dado difusión (aunque el tema ya había sido difundido desde meses atrás) a lo relacionado con la explotación de uranio, una conexión china y las complicidades con La familia michoacana y los mencionados Guerreros.

Sin embargo, las acusaciones más recientes contra Ahumada caen como anillo al Sedatu (antes Sedesol). Es decir, permitirán al Estado mexicano enderezar acciones directas contra el esquivo personaje que luego de una relación sentimental y política con Rosario Robles Berlanga ha entablado demandas para que le sean pagados préstamos millonarios que dice haber hecho a la ex jefa sustituta del gobierno capitalino. Haiga sido como haiga sido, hoy el grupo en el poder tiene la vía judicial libre para evitar que el argentino siga ahumando el de por sí tan sinuoso y opaco camino político de la mencionada Rosario Robles. Desde luego, los directivos del PRD gustosamente se han sumado a los lances mediáticos y policiacos contra Ahumada, con la esperanza de no pagar los antiguos préstamos del amante bancariamente despechado.

Y, hablando del sol azteca: mañana, a las 19 horas, en el Museo de la Ciudad de México, será presentado el nuevo libro de Agustín Basave Benítez, La cuarta socialdemocracia, con la participación de Roger Bartra, Mauricio Merino y el autor. Dos días después, si todo camina conforme a lo acordado en la cúpula perredista, el propio Basave será designado por las corrientes dominantes nuevo presidente del comité nacional de ese virtual Partido Social Demócrata, durante un consejo electivo cuyos resultados parecen cantados desde hace pocos meses.

Ex priísta, perteneciente al equipo de Luis Donaldo Colosio, ex embajador durante el foxismo en Irlanda (uno de los refugios de Carlos Salinas de Gortari en sus momentos políticos más difíciles) y profesor en la Universidad Iberoamericana, Basave llega en las peores circunstancias de ese partido que llegó a nuclear diversas expresiones de izquierda en el país. Cercanos al inminente directivo aseguran que entre sus planes está dar golpes fuertes y serios contra la corrupción interna (ya sea en cargos partidistas o en puestos de elección popular) y que no le temblará la voz para anunciar su salida del cargo si las corrientes predominantes, sobre todo Los Chuchos, pretenden convertirlo en rehén o maniquí político. Ya se verá.

Y, mientras EPN ha dicho en Sonora que su gobierno ha llegado para derribar barreras (gulp), ¡hasta mañana!

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