Xalapa, Ver.

Trabajadores de medios de comunicación se manifestaron ayer en demanda de garantías para el ejercicio de su profesión durante la ceremonia en que los gobiernos de Veracruz y de la República firmaron el mecanismo federal de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, por medio del cual emprenderán 13 medidas para garantizar la seguridad de los comunicadores y garantizar el respeto a la libertad de expresión.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), entre el 5 de julio de 2000 y el 30 de agosto de 2015 se han cometido 16 homicidios, cuatro desapariciones y 74 agresiones documentadas contra periodistas locales. Ni uno ha sido resuelto.

El acto, efectuado en la Sala de Banderas del palacio de gobierno, estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien dijo que el gobierno federal tiene la vista puesta en Veracruz.

Nuestro país se ha convertido en uno de los más riesgosos del mundo para ejercer el periodismo. Muchas y muchos periodistas han sido atacados, asesinados, desaparecidos. En pocos casos hemos sido capaces de judicializar y llevar a la justicia a los responsables. En muchas regiones del país los periodistas callan porque no hay garantías y decir la libertad les puede costar la vida, asentó.

Para revertir esa situación, señaló, se firmó este convenio, que incluye un mapa de riesgos, medidas de seguridad para los periodistas, fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones ministeriales, formación de servidores públicos, fortalecimiento de seis de 39 capacidades de autoprotección de periodistas, dignificación de sus condiciones laborales, medidas de reacción inmediata y evaluación del programa.

Este plan tiene una visión integral, identifica amenazas y capacidades, advierte riesgos, disminuye factores de vulnerabilidad y fortalece las instituciones para que garanticen una respuesta puntual, efectiva, dijo Campa Cifrián.

Mientras Namiko Matzumoto Benítez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), leía una lista de acciones emprendidas por el gobierno del estado para proteger a comunicadores, trabajadores de medios que cubrían el acto se pusieron de pie, sacaron pancartas y se manifestaron a favor de que la alerta preventiva y el plan de contingencia para la protección de periodistas no quede en un acto protocolario, sino llegue a medidas concretas.

Los guardias trataron de arrebatar las pancartas a los inconformes. El gobernador Javier Duarte de Ochoa pidió que los dejaran expresarse y posteriormente, en su intervención, reconoció las exigencias de los periodistas y prometió atenderlas.

Aseguró que en su mandato ha tomado las medidas legales e institucionales necesarias para prevenir las agresiones a periodistas, entre ellas la creación de la Ceapp y de la Feadle, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

Con el convenio, estas acciones indudablemente se fortalecerán. Esto es una muestra más del compromiso de mi gobierno con la garantía de la libertad de expresión, insistió.

Negó ser omiso ante las muertes de 16 periodistas en la entidad. Todos y cada uno de ellos nos lastiman, nos duelen como sociedad. Durante su gobierno han sido asesinados 11: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez Cerezo.

El 31 de julio, el reportero gráfico Rubén Espinosa se convirtió en el primer periodista desplazado y asesinado fuera de la entidad. Se fue a vivir al Distrito Federal porque lo seguían y temía por su vida, según dijo a sus amigos.