Con el reciente desplazamiento masivo de más de 250 familias del estado de Durango, causado por las operaciones de fuerzas federales de seguridad, es urgente que el presidente Enrique Peña Nieto reconozca el desplazamiento interno forzado de población como un fenómeno existente y creciente en el país.

Cada vez se hace más necesario y urgente un diagnóstico, un registro confiable y una supervisión permanente para la atención de un sector amplio de la población que sufre las consecuencias de este fenómeno, muchas veces inadvertido y negado por las autoridades, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

Además, llamó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado a dictaminar la iniciativa de ley que contempla reconocer explícitamente como víctimas a los mexicanos internamente desplazados, a fin de promover las medidas tutelares que debe adoptar el Estado para su protección.

Sin cifras oficiales sobre este fenómeno, agudizado por la política gubernamental de lucha contra el narcotráfico en el sexenio pasado, se estima que al menos hay 281 mil 400 personas desplazadas, 9 mil tan sólo en 10 estados durante 2014, según el informe de ese mismo año del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, apoyado por diversas organizaciones de derechos humanos.

Maribel Remolina y Brenda Pé­rez, investigadora y coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la Cmdpdh, respectivamente, señalan que las personas que han sido forzadas a desplazarse dentro del país no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia, además de que se trata de un fenómeno que continúa ignorado, mientras cientos de miles se encuentran en vulnerabilidad y desprotección.

Aunado a esto, la comisión ha podido constatar, en diversas investigaciones, que los gobiernos locales no tienen capacidad ni voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector poblacional. No hay registros o programas enfocados a su reconocimiento o atención, precisa.

Los desplazamientos masivos consisten en el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común. Entre 2008 y 2014 se documentaron al menos 121 episodios de esta naturaleza en por lo menos 10 estados, entre los cuales se consideran los desplazamientos de población como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad pública, intolerancia religiosa o conflictos políticos vigentes en Chiapas.

Los estados con más casos documentados en la prensa nacional y local son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Sin embargo, a pesar de la visibilidad de esos hechos, sólo representan una pequeña parte de una gran cantidad de desplazamientos forzados, señala la Cmdpdh en su informe reciente sobre desplazamiento interno.

Por ello la comisión insistió en la urgencia de dictaminar la iniciativa de proyecto para reformar la Ley General de Víctimas, para incluir de manera explícita el desplazamiento interno forzado como una categoría de victimización, con el propósito de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas –dependiente del gobierno federal– no tenga duda de sus obligaciones y deje de oponerse a considerar el deslazamiento interno forzado como una violación a múltiples derechos humanos.