n el marco de la miscelánea fiscal que se aprobó recientemente en el Congreso de la Unión, se establece que los ejidatarios, comuneros, campesinos y productores agrícolas cuyas tierras sea expropiadas, temporalmente ocupadas o rentadas a empresas petroleras o eléctricas, deberán pagar el impuesto sobre la renta (ISR) cuando los ingresos que reciban por ello sean superiores a 200 salarios mínimos.

En el marco de una política fiscal que continúa ensañándose con los estamentos más débiles de la pirámide social y que busca generar a toda costa contribuyentes cautivos, la medida referida representa un agravio acumulado contra los ejidatarios, campesinos y pequeños productores.

En efecto, la adopción del modelo neoliberal ha tenido como correlato el abandono y deterioro del campo en general, y la desaparición, en particular, de formas sociales y comunales de propiedad de la tierra. Así, desde por lo menos la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 –que implicó en los hechos el desmantelamiento del ejido–, el campo ha sufrido una devastación y abandono constantes, que se agravan por las restricciones presupuestarias y por la entrada masiva de productos agrícolas extranjeros en el marco de los tratados comerciales suscritos por nuestro país.

La reforma energética aprobada durante este sexenio tuvo entre sus múltiples puntos criticables la adopción de un modelo que preconiza el interés de los consorcios energéticos por sobre los derechos de diversos sectores de la población: debe recordarse que en el marco de esa modificación constitucional y legal se aprobó la posibilidad de que las tierras particulares, comunales y ejidales fueran expropiadas en aquellos casos en que los propietarios no lleguen a un acuerdo con las empresas trasnacionales sobre la renta o venta de las mismas. Además, la reforma establece que la exploración, la extracción y el transporte de petróleo tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados.

En suma, para miles de campesinos, ejidatarios, comuneros y productores, el abandono del campo y la aprobación de la reforma energética constituyen una pinza que los condena a dar un único uso productivo a sus tierras: ponerlas a disposición de conglomerados energéticos nacionales y extranjeros. Ahora, para colmo, se busca someterlos a un régimen de ensañamiento fiscal que mermará sin duda los ingresos de los habitantes de los entornos rurales, de por sí privados de alternativas de supervivencia.

Lejos de exhibir un rumbo claro en la conducción política y económica del país, decisiones como la comentada desdibujan la potestad del Estado para erigirse en agente del desarrollo nacional. Cuando el afán recaudatorio no está respaldado por ejercicios elementales de planeación y ponderación de impactos y externalidades negativas, se corre el riesgo de propiciar afectaciones generalizadas e irreversibles a la población y la economía. Por lo pronto, la aplicación de impuestos a comuneros y ejidatarios, de por sí privados de capacidad de decisión sobre sus tierras, amenaza con representar una nueva vuelta de tuerca para un campo que agoniza.