Con la escenificación de una parodia y una jornada visual, vecinos de diferentes colonias de la ciudad de México buscaron demostrar que la corrupción hace ciegos a los funcionarios que están al servicio de las grandes empresas inmobiliarias.

Durante la instalación de una carpa frente a las oficinas del Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF), donde realizaron exámenes de la vista, denunciaron que desde 2010 el número de desarrollos inmobiliarios va en ascenso, en detrimento de la calidad de vida de las personas.

Susana Kanahuati y Oswaldo Mendoza señalaron que desde la suspensión de la Norma 26, en agosto de 2013, que permitió la construcción de 4 mil 500 viviendas con costo superior a los 709 mil pesos que definía, no se ha ganado ningún juicio de lesividad.

Tampoco se ha retirado el carnet a ningún director general responsable de obra ni se ha sancionado a un funcionario y no se ha registrado la demolición de un inmueble, enviando un mensaje de impunidad a las empresas constructoras, que siguen colapsando la ciudad, afirmaron.

Los problemas se registran tanto en zonas de clase media alta y alta como en populares, porque la demanda de vivienda es una realidad, pero la falta de planeación ha incrementado los problemas en materia de movilidad, medio ambiente y económicos, al subir el costo de los servicios.

El Invea-DF se ha mantenido al margen, dijeron, sobre todo en el pueblo de Xoco, pues aun cuando se presentó una denuncia y fotografías de la construcción de dos edificios de 15 y 25 pisos, dice que no existen, que no pudo hallarlos, cuando están a la vista de todos, menos de sus inspectores, señaló Mendoza.

La participación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para detener las irregularidades en materia inmobiliaria, afirmó, representa un mal chiste, por los conflictos de interés de su presidenta, Yasmín Esquivel Mossa, quien está casada con José María Riobóo, quien ha sido beneficiado por el gobierno capitalino con la construcción de varias obras en la ciudad.

Por ello la decisión de exigir al instituto que actúe contra las violaciones de uso de suelo, como sucede en Coyoacán, donde en la calle de Mirador se autorizó la instalación de dos fábricas, cuando el suelo es 100 por ciento habitacional, no industrial, pero nadie nos escucha, indicó Julio Romeo Hernández.

Mencionó que esa situación ha derivado en la obstrucción de las entradas de las casas por tractocamión y el robo a mano armada a vehículo y transeúntes, y las mordidas a los elementos de seguridad pública para que nos ayuden a salir de nuestra propia casa, lo cual no se vale.